El ITJ se niega a dar 5 años más para la reindustrialización de las cuencas de León
La parte sindical reclama 250 M€ más para que se aborde «realmente» un futuro tras la minería. El Miteco dice que ha invertido 975 M€ aunque los sindicatos no ven avances
El castillete del Pozo María, en Caboalles de Abajo, en una imagen de archivo.
El Instituto para la Transición Justa (ITJ) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se niega a ampliar cinco años más el Comisión de Minería de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027, y a invertir 250 millones de euros en dicho periodo, tal y como han pedido los sindicatos en la reunión de la celebrada este jueves.
El ministerio, que ha señalado en un comunicado que ha destinado más de 975 millones de euros en ayudas desde 2019, «unos fondos que triplican el compromiso financiero del Acuerdo de la Minería", ha informado del grado de avance y cumplimiento de los compromisos financieros del acuerdo, un balance que no ha satisfecho a la parte sindical, que ha mostrado su «decepción» al término de la citada reunión, recordando que es la primera en los últimos veinte meses, y calificandola como «continuista», en palabras de Fica-UGT Pese a la negativa del Instituto para la Transición Justa para ampliar el plazo de vigencia del Acuerdo Marco en 5 años más (hasta 2032) y aumentar la dotación económica en 250 Millones de euros, UGT Fica ha señalado que «va a seguir reclamando ambasreivindicaciones» con el objetivo de adaptar las ayudas a infraestructuras y las ayudas empresariales, «se pueda fijar población y reindustrializar realmente los territorios afectados» sentencian.
Respecto a la solicitud de UGT FICA de que el ITJ elabore un Análisis del Grado de Cumplimiento del Acuerdo Marco en el que se contemplen indicadores como el empleo generado, los requisitos de las ayudas empresariales, las ayudas a infraestructuras, la proactividad «papel del ITJ para impulsar la política industrial», y la problemática concreta de los trabajadores afectados por el cierre de las explotaciones mineras, y la problemática suscita en las comunidades autonómas afectadas, «el Instituto para la Transición Justa no se ha comprometido a presentar un análisis en su conjunto» destacan desde el sindicato, aunque reconocen que sí ha adelantado que irá presentando informes puntuales sobre los indicadores señalados en próximas reuniones.
Según explicaron de UGT FICA, respecto a la inclusión del municipio zaragozano de Mequinenza en el listado de poblaciones afectadas por la transición justa, «el ITJ ha vuelto a rechazar su inclusión», lo que consideran una discriminación incomprensible, toda vez que se trata de un municipio afectado también por el cierre de la minería.
Por su parte, el Miteco afirma que si se pactó movilizar 250 millones de euros para la dinamización del territorio, ya se han comprometido más de 692 millones de euros para esas actuaciones concretas y un total de 975 millones de euros como parte del acuerdo marco, ligados a una inversión total superior a los 2.100 millones.
En el comunicado, el departamento dirigido por Sara Aagesen señala que los fondos desplegados por el Gobierno de España adicionales a los fondos comunitarios específicamente relacionados con la transición justa por el cierre de minas y centrales de carbón, del Fondo para la Transición Justa, dotado con 868 millones de euros. Este fondo de gestión autonómica al 95 por ciento lo ejecutan las comunidades autónomas de Asturias, Aragón y Castilla y León para las comarcas mineras de esas regiones.
«Suscrito en octubre de 2018 por el Ministerio, las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales, el acuerdo marcó el inicio de una nueva etapa en la política de reactivación y apoyo a las zonas afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas de carbón», añade el Miteco, que recuerda que el objetivo de este Acuerdo Marco es «garantizar una transición justa para los trabajadores y los territorios, impulsando la diversificación económica, la restauración ambiental y el desarrollo sostenible», un objetivo que no se ha alcanzado según los sindicatos y cuyo incumplimiento es notorio ante la falta de alternativas de empleo para las cuencas mineras una vez cerradas las minas de carbón.