La Junta admite años de inactividad en la mina de Oville en León, lo que invalidaría su DIA
Una empresa preyecta reabrir la cantera, cerrada hace más de 20 años, pese a la oposición vecinal

Los vecinos han creado una plataforma para tratar de impedir la reapertura de la explotación.
La propia documentación remitida por la Junta de Castilla y León en el marco de un procedimiento judicial reconoce que la cantera La Paz II, en la localidad de Oville, municipio de Boñar, permaneció varios años sin actividad tras su cierre, un hecho que los vecinos consideran clave para cuestionar la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que respalda el proyecto de reapertura.
El Servicio de Evaluación Ambiental de la Junta sostiene que la DIA emitida en 2003 continúa vigente porque la empresa, Minerales y Sílices del Norte S.L y Silica Dust S.L, presentó planes de labores correspondientes a distintos ejercicios —2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2021, 2023 y 2024— pese a que la explotación no estuviera en funcionamiento.
Sin embargo, la plataforma vecinal Oville Montaña Limpia considera que la propia documentación administrativa revela que durante un largo periodo no existió actividad real en la cantera. Según explican, los planes de labores aportados por la empresa reconocen que entre 2003 y 2012 no se realizaron trabajos extractivos, una circunstancia que, a su juicio, podría suponer la caducidad de la DIA de 2003 por inactividad prolongada.
A este argumento se suma un informe de la Consejería de Medio Ambiente fechado el 9 de marzo de 2021 que, según la plataforma, admite que la explotación no pudo haberse iniciado en ese periodo al no contar con la autorización necesaria para la ocupación del monte de utilidad pública afectado, un permiso que debe conceder la propia administración autonómica.
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La posible caducidad de la declaración ambiental se ha convertido así en uno de los principales frentes jurídicos abiertos por los vecinos para frenar la reapertura de la mina, cerrada hace más de veinte años. La explotación, situada a 1.200 metros de altitud en el Alto Porma, dejó tras su cierre una profunda cicatriz en la montaña que nunca llegó a restaurarse.
El proyecto promovido por Minerales y Sílices del Norte y Silica Dust plantea retomar la extracción de sílice y caliza destinada a roca ornamental en un enclave de alto valor ambiental. La zona forma parte de un corredor natural del oso pardo, está rodeada por espacios incluidos en la Red Natura 2000 y constituye además la puerta natural de acceso al Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre.
La plataforma vecinal sostiene que la iniciativa se apoya en un estudio ambiental elaborado hace más de dos décadas que no tiene en cuenta las directivas europeas de protección ambiental aprobadas posteriormente ni los cambios ecológicos que ha experimentado el territorio desde entonces. En su opinión, «aplicar hoy una evaluación ambiental de 2003 a un proyecto actual supone ignorar normativas comunitarias que tienen prioridad sobre la legislación nacional».
Para sostener su oposición, la asociación ha recurrido al despacho especializado en derecho ambiental Ecourban y mantiene abiertos varios procedimientos judiciales. Uno de ellos se centra en la falta de acceso a documentación administrativa que, según denuncian, solicitaron previamente por vía extrajudicial y solo han podido obtener tras acudir a los tribunales.
El expediente remitido por la Junta incluye documentación previa de la tramitación de la explotación desde el año 2001, lo que, según la plataforma, ha permitido reconstruir el historial administrativo del proyecto y detectar posibles irregularidades en su tramitación ambiental.
Los vecinos insisten en que su objetivo «es proteger el entorno natural que rodea a Oville» y evitar la reactivación de una explotación minera que, aseguran, «volvería a transformar de forma irreversible la montaña y la vida de sus gentes».