León, cuarenta años después de la Unión

La integración europea ha funcionado como una formidable máquina de eficiencia económica, pero también como un mecanismo persistente de selección territorial. León es un ejemplo claro de esa divergencia real y no porque haya quedado al margen de Europa, sino precisamente porque se integró plenamente en sus reglas. Al contrario de lo que ocurrió en otras regiones europeas, la gran provincia del noroeste no fue víctima de un fallo accidental de las políticas europeas, sino de su lógica interna, que priorizó desde el principio competitividad, escala y productividad agregada sobre equilibrio territorial y continuidad social. El problema, por tanto, no fue la ausencia de políticas, sino la orientación que la entonces comunidad de los Doce quería dar al club. Dicho de otra manera, la Unión Europea no abandonó a León, sino que lo transformó de manera coherente con sus objetivos, aun cuando el resultado fuera el vaciamiento humano, la descapitalización productiva y la irrelevancia relativa. El balance de cuarenta años de integración europea en León obliga a señalar responsabilidades concretas porque la provincia no es un accidente histórico ni una víctima abstracta de la globalización. Es el resultado de decisiones políticas acumuladas, tanto europeas como —de forma decisiva— españolas. La Unión Europea diseñó un marco que premiaba la escala, la productividad y la concentración. España aceptó ese marco sin introducir correcciones territoriales ambiciosas. A diferencia de Alemania, Austria o Italia, el Gobierno español no defendió activamente a sus periferias interiores en la negociación, aplicación y reinterpretación de las políticas comunitarias. Mientras Baviera, Tirol o el norte de Italia —por poner tres ejemplos de éxito— contaron con Estados dispuestos a ralentizar reconversiones, preservar empleo aun a costa de eficiencia y blindar fiscal y políticamente a sus regiones, León ha sido tratado como un territorio de ajuste. Las reconversiones mineras, por ejemplo, se ejecutaron con disciplina presupuestaria, pero sin proyecto alternativo. La PAC se aplicó con ortodoxia productivista, no con lógica poblacional. La transición energética se asume ahora como un imperativo técnico, no como un desafío social. Y todo ello porque las élites políticas nacionales aceptaron implícitamente una jerarquía territorial: grandes áreas urbanas y corredores dinámicos como prioridad; provincias interiores envejecidas como coste asumible. No fue una imposición de los hombres del norte, sino una decisión interna alineada con Bruselas. León, simplemente, cumplió las reglas. Fue leal al proyecto europeo y, precisamente por eso, su declive resulta tan revelador. Demuestra que, en ausencia de poder político y voluntad estatal, la integración no corrige desigualdades, sino que las consolida. A esta lógica estructural se añade un elemento decisivo, raramente explicitado: el coste electoral nulo. Un ejemplo paradigmático es el PSOE, cuyos resultados electorales en León no han sufrido. En las últimas elecciones autonómicas, el PSOE obtuvo en León 64.342 votos y cuatro escaños, 8.000 más que el PP. Y eso contra todo pronóstico, porque todos los proyectos comprometidos han sido enterrados sin explicaciones, como ha ocurrido en el caso de Feve, el Parador, el aeropuerto, el Corredor Atlántico, Torneros o la autovía a Valladolid. El caso es más evidente aún en el cinturón minero de la provincia, con comarcas enteras lastradas no ya por el cierre de las minas y el desmantelamiento de las térmicas sino por una política de convergencia de fondos hacia una caja que nunca fue la de los habitantes de las cuencas. Así, en las últimas elecciones generales, la candidatura socialista se llevó el gato al agua en los municipios de Fabero (51,74%), Villablino, donde obtuvo el 47,48%, La Robla, con un 41,46%, La Pola de Gordón con el 45,63% de los votos y otros ayuntamientos mineros como Igüeña, Torre del Bierzo, Páramo o Palacios del Sil. Como nota a pie de página: En los últimos 25 años, todos ellos se han convertido en pozos de supervivencia que respiran con la asistencia de la subvención pública y han perdido 35.000 habitantes.

León se deja población, envejece de forma acelerada y concentra una parte creciente de votantes de edad avanzada. En términos estrictamente electorales, su peso relativo disminuye. De hecho, la provincia ha perdido un diputado y dos procuradores. Dejar León en el abandono no penaliza; invertir políticamente en su rescate, en cambio, exige recursos, conflicto con Bruselas y enfrentamiento con intereses consolidados. Desde esta perspectiva, la pasividad no es un error, sino una estrategia racional. Ningún gran partido ha pagado un precio significativo por permitir el declive de la provincia. No existen mayorías que perder ni grandes bolsas de voto que ganar. El territorio se vuelve, así, políticamente silencioso: demasiado pequeño para condicionar gobiernos, demasiado envejecido para protagonizar rupturas.

En 1986, la provincia de León superaba los 525.000 habitantes y hoy la cifra ronda los 448.027. La pérdida de más de 80.000 personas no se ha producido de forma abrupta, sino como un goteo constante, sostenido durante cuatro décadas. Este descenso contrasta con la evolución de España en su conjunto, que ha ganado población desde la entrada en la UE. León no solo no ha convergido, sino que ha divergido demográficamente. El fenómeno más relevante no es únicamente la pérdida poblacional, sino su distribución: Más del 85?% de los municipios leoneses tienen hoy menos habitantes que en 1986. Amplias zonas de la montaña y del sur han perdido entre el 40 y el 70 por ciento de su población mientras la capital y su alfoz concentran cada vez más residentes, sin compensar el vaciamiento del resto del territorio.

La profesora de la Universidad de León Nuria G. Rabanal destaca Europa ha permitido canalizar ayudas procedentes de la Unión que han contribuido a su cohesión con el resto del territorio comunitario y a la mejora de distintos ámbitos como el de las infraestructuras. «Los fondos Feder han permitido mejorar el estado general de la provincia y la implantación del Incibe ha sido posible también gracias a Bruselas, así como las reformas culturales y patrimoniales. Asimismo, la reconversión financiera fue financiada de manera muy generosa», asegura. Esta experta subraya que las ayudas europeas han llegado a distintos sectores: los estudiantes se han beneficiado del programa Erasmus; las empresas crecieron a través de diversos programas y proyectos; y, tras la crisis provocada por la Covid, el marco financiero extraordinario permitió que muchas empresas pudieran continuar funcionando.

Sin embargo, lamenta que el mundo rural no se ha beneficiado de manera significativa. «Algo falla en la Unión Europea cuando el medio rural no avanza. En el caso de León, puede deberse a que las administraciones actúan desde un cortoplacismo electoral. Un ejemplo claro es Feve: la Unión Europea apuesta por el ferrocarril, pero este se pierde debido a negligencias políticas. No hemos sido capaces de articular proyectos de industrialización ni de gestionarlos adecuadamente para que arraiguen en la provincia. Ha habido iniciativas que podrían haber contado con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y haberse beneficiado de fondos europeos, como el proyecto de Compostilla, pero fueron gestionadas como un brindis al sol, evidenciando una clara falta de voluntad política», explica.

Para Nuria González Rabanal, otro aspecto negativo es la incapacidad para obtener ayudas específicas destinadas a territorios envejecidos de manera eficaz y considera que existe un problema relevante a la hora de construir un esquema demográfico más favorable. «Tampoco se ha sabido aprovechar el potencial de la silver economy porque construir residencias no equivale a desarrollar una auténtica economía de la tercera edad. Este desequilibrio no solo pasa factura al medio rural, sino al conjunto de la economía y a las generaciones que desean vivir en su territorio, pero que no han contado con el apoyo necesario. Además, no ha existido una capilaridad suficiente de las políticas y ayudas en el territorio», asume.

La Política Agraria Común es, probablemente, la política más antigua y mejor financiada de la Unión Europea. También es una de las más reveladoras de sus prioridades reales. En León, su impacto ha sido inequívoco: aumento de productividad, concentración de ayudas y desaparición de agricultores. Desde 1986, el número de explotaciones se ha reducido drásticamente, mientras el tamaño medio y la dependencia de subvenciones ha aumentado. La PAC no fracasó en León; triunfó exactamente en aquello para lo que fue diseñada: producir más con menos personas. El problema es que, en un territorio de baja densidad, ese éxito equivale a expulsión demográfica. La retórica del «desarrollo rural» encubrió durante décadas una realidad más cruda: la UE financió la modernización del campo, pero nunca la supervivencia de los pueblos. La consecuencia fue un paisaje productivo eficiente y un paisaje humano vacío. La Política Agraria Común (PAC), lejos de fijar población, ha incentivado la concentración productiva y la reducción de mano de obra, acelerando la salida de jóvenes del medio rural. León ha pasado de contar con 25.000 explotaciones a tener tan solo 6.000. «El resto se ha jubilado», constata José Antonio Turrado, que lo justifica en el hecho de que la rentabilidad ha bajado. «Los hijos no pueden vivir con explotaciones pequeñas y estas han tenido que aumentar. Lo mismo ocurre con las ganaderías de leche y si en 1986 había 15.000 explotaciones hoy apenas quedan 170 con una producción de 230 millones de litros anuales. El presidente de Asaja, es, sin embargo, un claro defensor de las políticas comunitarias y asegura que la PAC ha sido un factor decisivo para la transformación de la agricultura a través del regadío, extremo que ha permitido una modernización del campo para su eficiencia. «De hecho, creo que los únicos europeístas de España somos los agricultores», dice a pesar de la explosión de ira que ha provocado la aprobación del acuerdo con Mercosur. «Nos encantaría que el campo permitiera vivir a 20.000 personas pero eso no es posible a no ser en regiones con sectores muy intensivos, como Valencia, por ejemplo», afirma. Lo que sí exige Turrado es un marco normativo que desregule la actividad para ayudar al productor a competir con un mercado globalizado. «En un mercado libre todos debemos jugar con las mismas cartas y en condiciones de igualdad», dice al referirse a Mercosur. «La regulación nos mata y es excesiva. No podemos tener tanta exigencia medioambiental, no puede ser que nos cercenen el uso de tantos fitosanitarios mientras a terceros no les exigen nada», destaca. No obstante, enfatiza que los agricultores trabajan con el mal menor. «Si no exportamos, si no hay un mercado libre, los europeos no podremos consumir todo lo que producimos», dice para añadir que cuando España se unió a las CEE, Europa era un continente excedentario y España, un país deficitario.

Empresas y fondos de cohesión

El presidente del Círculo Empresarial Leonés, Julio César Álvarez, sostienen que la entrada efectiva de España en la entonces Comunidad Económica Europea fue un hito que marcó de forma profunda la evolución del tejido empresarial de la provincia. «La incorporación al mercado único europeo supuso para las empresas leonesas un cambio profundo en las reglas del juego. La progresiva eliminación de barreras comerciales, la armonización normativa y el reconocimiento mutuo de estándares ampliaron el mercado potencial de bienes y servicios producidos en la provincia», destaca. El empresario asume que este proceso ha favorecido especialmente a aquellas empresas que apostaron por la calidad, la profesionalización y la diferenciación, porque les permitió competir en un entorno más amplio y exigente. «Al mismo tiempo, la apertura a la competencia puso de manifiesto las debilidades de modelos de empresa que estaban más basados en la protección, el bajo valor añadido o la escasa inversión en innovación».

Considera que la pertenencia a la Unión Europea ha sido también una palanca clave de modernización, especialmente a través de los fondos europeos de cohesión y desarrollo rural, que han contribuido a mejorar infraestructuras, reforzar la competitividad industrial, modernizar el sector agroalimentario y sostener la actividad económica en el medio rural. «Sin estas políticas, gran parte del tejido productivo leonés habría tenido mayores dificultades para adaptarse a un entorno cada vez más exigente y globalizado», reconocen. No obstante, lamenta que este proceso no ha estado exento de costes: más presión regulatoria, la apertura a la competencia y la transformación del modelo energético han afectado de forma especialmente intensa a sectores tradicionales y a comarcas muy dependientes de actividades que hoy ya están en declive.

Y es que, Julio César Álvarez subraya la regulación como uno de los aspectos más debatidos del proceso de integración. «La adaptación ha supuesto costes relevantes, especialmente para microempresas y pymes con menor capacidad administrativa», dice, si bien defiende que a medio y largo plazo, estas exigencias han contribuido a elevar los niveles de calidad y fiabilidad del tejido empresarial, y ha actuado como un factor de competitividad y como un freno frente a prácticas informales o desleales. «Cuarenta años después, la experiencia que hemos vivido demuestra que Europa no ha sido un fin en sí mismo, sino un marco de oportunidades. Allí donde ha habido capacidad de adaptación, inversión y visión empresarial, la pertenencia a la Unión Europea ha actuado como un acelerador del desarrollo. El desafío para León es utilizar ese marco europeo para consolidar un tejido empresarial más competitivo, innovador y equilibrado territorialmente», manifiesta.

La caída del PIB

El presidente del CEL destaca los fondos europeos como una palanca decisiva para León con programas como los fondos de cohesión, el desarrollo rural o las iniciativas Leader por su papel en la modernización de infraestructuras, la dinamización del medio rural y el apoyo a proyectos empresariales. «En una provincia como León con una fuerte dispersión territorial y una elevada presencia de pequeñas empresas, estas políticas han contribuido a sostener la actividad económica, modernizar sectores y fomentar nuevas iniciativas empresariales ligadas al territorio», explica. Sin embargo, es consciente de que no todos los sectores han vivido este proceso con los mismos resultados. Es el caso de la transición energética y el declive de actividades vinculadas al carbón, como la minería y las centrales térmicas, que han dejado una huella muy dura en muchas comarcas leonesas. «En estos casos, el reto ha sido y sigue siendo transformar ese impacto negativo en nuevas oportunidades de actividad y empleo. No sólo compensar las pérdidas, sino construir alternativas económicas sostenibles, apoyadas en nuevos sectores productivos y en una adecuada planificación territorial que, desgraciadamente, no ha tenido mucho éxito.

El PIB de León ha crecido en términos nominales desde 1986, como el de cualquier economía integrada en un mercado mayor. Sin embargo, el dato relevante es su posición relativa porque León representa hoy un porcentaje menor del PIB nacional que en los años ochenta y porque su crecimiento ha sido sistemáticamente inferior al de España y la media europea. Ambos condicionantes se deben a que la provincia no ha desarrollado sectores tractores alternativos tras el declive de los tradicionales. En los años ochenta, la renta per cápita leonesa se situaba ligeramente por debajo de la media española, pero no en una posición extrema. Cuatro décadas después, permanece claramente por debajo de la media nacional y, además, la brecha se ha ampliado por lo que la convergencia prometida por la integración europea ha sido, en el mejor de los casos, parcial. Un ejemplo comparativo podría hacerse con La Rioja, cuyo PIB per cápita se ubica por encima de la media nacional, entre los 32.000 y los 34.000 euros. La diferencia con la provincia leonesa es clamorosa. Y es que la renta per cápita en el año 2021 era la cuarta más baja de Castilla y León y ascendía a 24.000 euros, diez mil menos que en Logroño.

Un dato fundamental para entender lo que ha pasado es la afiliación a la Seguridad Social, que en León se sitúa en torno a los 170.000 cotizantes, una cifra relativamente estable en la última década, pero que no ha crecido al ritmo nacional. Además, el peso de sectores de bajo valor añadido es elevado y la estacionalidad —debido al turismo— sigue siendo un rasgo estructural. Lo mismo ocurre con el paro, cuya tasa ronda el 10–11?%, en línea con España. Sin embargo, la tasa de actividad es baja, extremo que oculta parte del problema: hay menos personas que buscan empleo porque han emigrado o han salido del mercado laboral. A esto hay que unir que León tiene una de las tasas de natalidad más bajas de España con un descenso continuo desde los años ochenta, muy por debajo del nivel de reemplazo. El número de matrimonios también ha caído de forma sostenida y refleja una realidad peligrosa: cada vez hay menos población joven, más retraso en la formación de hogares y una inseguridad económica estructural.