Los jueces aceptan la pieza por los pagos a Quirón Prevención
La Audiencia avala ampliar la investigación al novio de Ayuso por corrupción
El novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presta declaración este lunes ante la jueza que le investiga por dos presuntos delitos fiscales y falsedad documental, tras cuatro aplazamientos y casi un año después de que estallara el caso. EFE/ Sergio Perez
La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión de la jueza Inmaculada Iglesias de abrir una pieza separada contra el novio de Isabel Díaz Ayuso para investigar si éste, además de dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental también incurrió en ilícitos de corrupción y administración desleal. La juez, en su decisión ahora confirmada por la Sección Tercera de la audiencia, acusa a Alberto González Amador, además del doble fraude, del presunto uso de una sociedad pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, para quien el empresario imputado trabajó durante años en asesoría sanitaria.
La magistrada abrió este apéndice basándose en un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L», su pagador. La acusaciones defendieron que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal o incluso un delito de corrupción en los negocios atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención», Fernando Camino. La jueza indaga ahora si, tal y como sostienen esas acusaciones, ese dinero podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS e Inteconn, ya que como resultado de esas operaciones Maxwell facturó a ambas mercantiles 2.021.900 euros en 2020».
La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión de la jueza Inmaculada Iglesias de abrir una pieza separada contra el novio de Isabel Díaz Ayuso para investigar si éste, además de dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental también incurrió en ilícitos de corrupción y administración desleal. La juez, en su decisión ahora confirmada por la Sección Tercera de la audiencia, acusa a Alberto González Amador, además del doble fraude, del presunto uso de una sociedad pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, para quien el empresario imputado trabajó durante años en asesoría sanitaria.
La magistrada abrió este apéndice basándose en un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L», su pagador. La acusaciones defendieron que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal o incluso un delito de corrupción en los negocios atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención», Fernando Camino. La jueza indaga ahora si, tal y como sostienen esas acusaciones, ese dinero podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS e Inteconn, ya que como resultado de esas operaciones Maxwell facturó a ambas mercantiles 2.021.900 euros en 2020».
La magistrada mencionó en su momento que el informe de la Agencia Tributaria llevó a la conclusión de que Masterman era una sociedad instrumental constituida y utilizada por la mercantil Maxwell Cremona S.L. para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L, "simulando que es aquella la prestadora de los servicios, cuando se acredita que no cuenta con los medios personales y materiales adecuados para tal fin». «Se aprecia una clara intencionalidad de trasladar parte de los ingresos de Maxwell Cremona procedente de Quirón Prevención a Alberto González Amador, utilizando para ello como sociedad intermediaria a Masterman. Asegura que Maxwell Cremona cede parte del contrato de prestación de servicios a Masterman, para al día siguiente transmitir la totalidad de las participaciones de esta empresa a González Amador.