La acusación popular pide que se condene a 24 años a Begoña Gómez

La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, solicita para ella 24 años de cárcel por los cuatro delitos que propuso el juez Juan Carlos Peinado, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

La acusación, que coordina Hazte Oír, ha presentado su escrito después de que el juez diera por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

En el escrito, la asociación ultracatólica Hazte Oír pide que a Begoña Gómez se le retire el pasaporte por riesgo de fuga y que en el futuro juicio declare como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que «interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto».

En concreto, esta acusación popular solicita para Begoña Gómez seis años de cárcel por el delito de tráfico de influencias y la prohibición de recibir ayudas públicas o beneficios fiscales durante 10 años. Por el delito de corrupción en los negocios pide cuatro años; por el de malversación ocho y veinte de inhabilitación absoluta, y por el de apropiación indebida seis años de prisión.

Para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, esta acusación particular solicita por el presunto delito de malversación ocho años de cárcel e inhabilitación absoluta por 20 años; por el supuesto tráfico de influencias cuatro años; por corrupción en los negocios otros cuatro y por el de apropiación indebida seis. Y para Juan Carlos Barrabés solicita dos años de prisión por tráfico de influencias, delito por el que también pide que no pueda contratar con el sector público durante diez años; y cuatro años por corrupción en los negocios.

Begoña Gómez ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

El escrito, dice que ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid en el que pide que se archive la causa.