ETA culpa al Gobierno del fracaso del diálogo por buscar su rendición Para la banda terrorista «las caretas se han caído» La Fiscalía pide 54 años de cárcel para el último comando Levante

ETA divulgó su primer comunicado tras la ruptura del alto el fuego, decisión que achacó a que el Gobierno sólo buscó «un proceso de rendición» durante los 15 meses de tregua y no un acuerdo. En ese tiempo, agregan los terrorista, los interlocutores gubernamentales dieron «un no rotundo» a todas sus demandas ETA, además, se declara autora de los últimos atentados y amenaza con más ya que «seguirá golpeando a las estructuras del Estado en todos los frentes». «Sacrificios infructuosos» ETA, por su parte, se arroga «todos los esfuerzos hechos en la mesa de negociación», pero admite que los sacrificios fueron infructuosos y, en consecuencia, los intentos de impulsar «un proceso de resolución del conflicto han fracasado». Todos los planteamientos para «construir un escenario» en el que se reconocieran «los derechos de Euskal Herria», se sostiene en el comunicado, recibieron «un no rotundo del Gobierno de Zapatero». Pero a juicio de ETA, no todo fue un fiasco ya que las conversaciones, en su opinión, han conducido a sendas crisis en el PSOE y en el PNV. En el caso socialista, dicen los terroristas, se ha manifestado en Navarra, donde «han prevalecido los intereses del Estado español por encima de los de Euskal Herria», en alusión a la negativa de la dirección del PSOE a pactar con Nafarroa Bai e IU para desalojar el Ejecutivo foral a Unión del Pueblo Navarro. Mientras que en el PNV se han desarrollado dinámicas opuestas que han «colocado al partido al borde de la ruptura». ETA se refiere al enfrentamiento entre el sector oficialista de Josu Jon Imaz, partidario de acuerdos transversales con los socialistas, y la corriente soberanista que lidera Joseba Egibar, defensora del entendimiento exclusivo entre nacionalistas. En todos los frentes La organización terrorista hace asimismo un llamamiento a «todos los abertzales y demócratas» para trabajar en «la creación del Estado vasco». En esta tarea, ETA aportará nuevos atentados y garantiza que «seguirá golpeando a las estructuras del Estado español en todos los frentes». En el comunicado, también asume la autoría de la colocación de dos pequeños explosivos el pasado 25 de julio al paso del Tour de Francia por la localidad navarra de Belagua; el atentado del 24 de agosto contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango; la explosión del 27 de agosto de una furgoneta bomba en Castellón; y la colocación de artefactos en distintas carreteras el 2 de septiembre, aunque sólo explotó uno en el municipio riojano de Fuenmayor. «Se cree dueña de la verdad» Por su parte, la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, la socialista Rafaela Romero, señaló que el comunicado de ETA le provoca «la misma consideración» que el recientemente difundido por el terrorista islámico Bin Laden, ya que ambos «coinciden hasta en los tiempos». Rafael Larreina, secretario de Organización de EA, insistió en que «la violencia de ETA se constituye en el principal obstáculo al servicio de quienes se oponen a que la sociedad vasca decida libremente su futuro». Aralar criticó que ETA actúe !como si fuese dueña de la verdad absoluta». La organización terrorista remitió a los diarios Gara y Berria su primer escrito después de la decisión del 5 de junio de retomar la violencia. En un texto más encaminado a justificar ese paso ante los suyos que a efectuar nuevos planteamientos políticos, ETA afirma que después del proceso de conversaciones «las caretas se han caído». En esa etapa, agrega la organización terrorista, el Gobierno en ningún momento se planteó acuerdos políticos. Y se quejaron del «incumplimiento de los puntos pactados» por parte del Ejecutivo socialista, al que acusó de buscar «el desgaste de la izquierda abertzale». La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá el próximo viernes 54 años de cárcel para el último comando Levante de ETA. Este grupo terrorista fue desarticulado en Valencia el 17 de febrero de 2005, días antes de que comenzara una campaña de atentados en esa comunidad autónoma y probablemente en Andalucía. Durante la vista oral en la sala Tercera de lo Penal, el fiscal Enrique Molina acusará a Mikel Orbegozo Etxarri y a Sara Majarenas Ibarreta de sendos delitos de integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas y de explosivos, falsificación continuada de documentos oficiales, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones a los funcionarios que les detuvieron. Preparación de atentados En su escrito de acusación, el Ministerio Público destaca q ue los terroristas, aunque nunca llegaron a entrar en acción, tenían en la habitación de la pensión Tartesos de Valencia en la que vivían un largísimo listado de objetivos. Molina asegura que los etarras poseían «informaciones muy elaboradas» sobre tres víctimas inminentes: un guardia civil del municipio valenciano de Mislata, del que conocían todas sus rutinas; un coronel médico de Valencia, del que los activistas tenían hasta fotografías; y el jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Mislata. Además, los dos etarras guardaban datos «elaborados» sobre otros 11 posibles objetivos.