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El Tribunal de Cuentas enjuicia las dietas desde el 2003 y pagos a El Follo

 

El alcalde de Cacabelos, en su despacho esta semana. - l. de la mata

c. fidalgo | ponferrada
22/12/2011

El alcalde de Cacabelos, Adolfo Canedo, se entrevistó ayer ante el instructor del Tribunal de Cuentas que se encarga de investigar las supuestas irregularidades en los pagos del anterior equipo de gobierno socialista a su constructora El Follo y la posible percepción irregular de dietas por asistencia de miembros de las anteriores corporación municipal desde el año 2003. Canedo viajó a Madrid para colaborar en la investigación, que ya se encuentra en fase de enjuiciamiento y para responder a la citación del instructor sobre otra investigación abierta para aclarar supuestas irregularidades en la contabilidad municipal desde el 2007 «sin soporte documental», según explicó el regidor al término de la entrevista.

El Ayuntamiento ya se ha personado en la causa, a la espera de juicio, y el Tribunal Constitucional acaba de abrir un plazo de nueve días para que se puedan personar más afectados. Canedo no pudo facilitar ayer ninguna cifra estimativa sobre la cuantía de los pagos a la constructora y sobre todo sobre las dietas percibidas por miembros de la corporación sin dedicación exclusiva. «El tribunal no lo tiene contabilizado», afirmó.

El ex alcalde socialista, José Manuel Sánchez, que también ha sido citado por el tribunal, ha negado esta semana que se hayan producido irregularidades. Sánchez negó que se llegaran a producir los pagos a la empresa El Follo, por importe de 9.000 y 3.000 euros que supuestamente figurarían en facturas y mostró su disposición a colaborar con el Tribunal de Cuentas.

Adolfo Canedo se comprometió a remitir documentación complementaria al tribunal sobre la segunda de las tres causas abiertas sobre la contabilidad de Cacabelos, que se apoya en los informes de la secretaria-interventora sobre supuestas irregularidades en los cargos en las cuentas bancarias.

El viaje del alcalde a Madrid se produce en medio de la polémica generada por el corte de la luz en edificios municipales que ha adoptado la empresa Gas Natural-Unión Fenosa ante el impago de la deuda adquirida por el anterior de gobierno.





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