+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario Diario de León:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 

González culpa a las ex ediles de IU en Cacabelos de caer en la derecha

El líder autonómico aclara su expulsión en la fiesta provincial.

 

José María González, a la derecha, acudió a los actos. - L. De la mata

c. franco | ponferrada
08/07/2013

El coordinador de Izquierda Unida (IU) en Castilla y León, José María González, declaró ayer en Ponferrada que tras la expulsión de las dos concejalas en Cacabelos, la gestión de su partido en el municipio berciano «seguirá siendo la misma». En su visita a Ponferrada, con motivo de la primera fiesta del partido provincial de León, el responsable de izquierdas aseguró haber trabajado «para modificar las políticas de derecha en las que estaban cayendo sus representantes en Cacabelos».

González afirmó que no iban a permitir que nadie tuviera «un cargo público para el aprovechamiento propio o de los cercanos», y añadió, con vistas al futuro de la localidad, que la ciudadanía de Cacabelos necesita «una política, además de diferente, con una gestión del dinero público transparente».

José María González quiso dedicar unas palabras, en el acto de celebración de su partido, a «la agresión que sufren las comarcas mineras» por parte del Gobierno. «Se ha ido estableciendo una frontera por no apostar por el carbón autóctono», recalcó el coordinador de IU. Tras visitar por la mañana la central de Garoña, González también destacó «el salto en el cumplimiento de la ley» que el ministro de Industria, José Manuel Soria, hizo «para el ciclo del uranio, en beneficio de los que más tienen», y no en el caso del carbón.

El principal representante de IU en Castilla y León, reiteró la existencia de una frontera que, tanto desde el PP como el PSOE, se está imponiendo a las comarcas. El acuerdo de ambos partidos en la ordenación del territorio «apuesta por el refuerzo de las diputaciones» y no por las políticas sociales de la comunidad. González habló de un abismo a nivel autonómico, donde «700.000 personas viven sin una pensión que les asegure una independencia económica», y como consecuencia, que «120.000 familias no ingresen ningún euro derivado del trabajo».