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Cacabelos

Ligan la clausura de la lavandería industrial a los «vaivenes políticos»

La empresa advierte de que el precinto causará daños en ropa que no han podido sacar de la nave.

 

dl | Ponferrada
14/11/2015

La empresa Davo Work, titular de la lavandería industrial que este miércoles anunció su cierre el Ayuntamiento de Cacabelos, esgrimiendo que las instalaciones carecían de autorización medioambiental y de actividad, respondió ayer al equipo de gobierno de Cacabelos a través de un comunicado de diez puntos en los que, entre otras cosas, señala que «la empresa y los trabajadores no pueden ser responsables de los vaivenes políticos o de las discrepancias entre ellos».

Asimismo, la representación legal de la empresa asegura que con esta decisión de precintado de las instalaciones — «cuando la falta de licencia ambiental y de urbanismo, según informe técnico puede ser subsanada por un interés público, cual es son los puestos de trabajo en el municipio y la actividad»— «se deja en la calle a ocho trabajadores, varios ellos del municipio, así como resta actividad complementaria al municipio, en las industrias y negocios auxiliares».

En cuanto a las supuestas denuncias a las que alude el Ayuntamiento de Cacabelos en su informe, «son solo de un vecino, titular de una casa cercana a la nave en cuestión, pero que no reside en ella, alegando que no puede venderla por estar esta industria. Por otro lado, dicha nave industrial lleva allí desde el año 1988».

La representación legal de la empresa precintada por orden municipal asegura que esta «no emite humos, sino vapor de agua, ni tampoco emite ruidos nocivos o perjudiciales para los vecinos», mientras que «el problema aducido con la supuesta toma de agua perteneciente a la Comunidad de Regantes no es competencia del Ayuntamiento».

El despacho Pacios Abogados afirma que «desde que se entregó la documentación requerida por el Ayuntamiento y el pago de las tasas, han pasado más de trece eses sin ningún tipo de comunicación, requerimiento o notificación», por lo que entiende podría estar ante un claro caso de «silencio administrativo».

Además acusan al Ayuntamiento de causarles importantes perjuicios con el precintado pues «sin previo aviso, se echaron a los trabajadores a la calle, dejándolos sin trabajo y sin atender a los clientes, e incluso todavía hay ropa de los mismos que no ha pasado todo el sistema de secado y seguramente se haya estropeado», y, «como consecuencia de no tener Secretaria municipal, no puede autorizar el desprecinto para la retirada de maquinaria y aparataje, así como enseres propios y de clientes».





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