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El juez ve un delito de administración desleal en el caso Nozar de Caja Duero

El magistrado descarta, al desviar el caso a Salamanca, la apropiación indebida.

 

El edificio que Caja Duero compró a Nozar en la calle Titán de Madrid. - raquel P. vieco

F. RAMOS | valladolid
14/11/2013

El Juzgado de Madrid entiende que la actuación del ex presidente de Caja Duero, Julio Fermoso; del ex director general, Lucas Hernández; y del actual director general del Banco Ceiss, José María de la Vega, todos ellos imputados por el escándalo Nozar —la ruinosa operación por la que Caja Duero desembolsó 90 millones de euros a la constructora Nozar por la compra del edificio Titán de Madrid y la concesión de un crédito posterior— podría ser constitutiva de un «delito societario de administración desleal».

Así se recoge en la providencia por la que el titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid desvía el ‘caso Nozar’ al Decanato de Salamanca. A decir del magistrado, el delito de administración desleal castiga a «los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constitutiva o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios o titulares de los bienes, valores o capital que administren». Es más, el juez de Instrucción de Madrid entiende que se contienen los tipos penales de «infidelidad», que hace referencia a los «perjuicios causados a la sociedad»; y de «abuso», por «contraer obligaciones abusivas a cargo de la sociedad».

Lo que, en ningún caso, aprecia la providencia de Madrid es que Julio Fermoso, Lucas Hernández y José María de la Vega, a quienes tomó declaración como imputados en octubre pasado, pudieran haber incurrido en el delito de «apropiación indebida», porque eso sería que habrían actuado más allá de las «facultades de administrador».

A partir de aquí, el caso está en manos del decanato de Salamanca, a la espera de los posibles recursos de las partes, que será quien decidierá que Juzgado se hace cargo ahora de la Instrucción del caso, una vez que el 52 de Madrid se inhibe por entender que la vía penal «debe trasladarse a los juzgados del partido judicial de Salamanca, donde se tomaron las decisiones.

   
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