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ENTREVISTA

«La supresión de los partidos judiciales genera más problemas que ventajas»

Rafael Catalá (Madrid, 1961) recibe en el mismo despacho que hasta hace dos meses ocupaba Alberto Ruiz-Gallardón, el mismo que habitaron los sucesivos ministros de Justicia desde el siglo XIX. Una estancia presidida por retrato al óleo del burgalés Alonso Martínez; el gran legislador y político español, considerado como el padre del Código Civil de 1889.

 

Rafael Catalá, ministro de Justicia, en su despacho durante la entrevista - JUAN LÁZARO

J. LOSADA/B. LÓPEZ | MADRID
14/12/2014

Con apenas un año por delante para impulsar los principales proyectos de su departamento, Rafael Catalá aclara algunas de las incertidumbres sobre la Administración de la Justicia en Castilla y León: no habrá supresión de partidos judiciales porque hacerlo genera más problemas que ventajas; las sedes del TSJ se quedan donde están y no van a desdoblarse en Valladolid y en esta ciudad la Ciudad de la Justicia sigue en marcha. Junto a estas cuestiones relacionadas con la Comunidad, el ministro expresa su voluntad de que el próximo año sea también intenso en las reformas que impulsará: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el nuevo Código Penal, la rectificación de la Ley de Tasas y la modificación parcial de la Ley del Aborto son sólo algunos de ellos. Y, además, tendrá que pilotar desde el Ministerio la respuesta ante la evolución del desafío independentista de Artur Mas y hacerlo con la fuerza de la ley. En este sentido, ha demostrado con su actuación ante el 9-N que es un hombre moderado, prudente y de pocos aspavientos.

—Sólo le queda un año y mucho trabajo por culminar

—Es verdad que a esta legislatura sólo le queda un año pero es tiempo más que suficiente para abordar proyectos de reforma importantes. Lo que estamos haciendo en esta etapa inicial es mantener reuniones con todos los colectivos para identificar el estado actual de situación y proponer nuestros proyectos. Queda un año de legislatura pero no pretendemos en este tiempo finalizar todos los proyectos si no poner en marcha algunos. Por ejemplo, los relacionados con las nuevas tecnologías o las reformas de organización, no son proyectos que culminan en un tiempo corto sino que se trata de orientar el proyecto hacia una dirección.

—¿Qué ocurre con la Ciudad de la Justicia de Valladolid? ¿Va a seguir adelante ese proyecto?

—El proyecto de la Ciudad de Justicia en Valladolid va a seguir adelante, aunque es verdad que con las limitaciones presupuestarias propias de unas cuentas públicas austeras y de consolidación del gasto. En todo caso estimamos que vamos a tener esa Ciudad de la Justicia de más de 13.000 metros cuadrados con un presupuesto estimado en torno a 37 millones de euros. El proyecto sigue vivo, hemos presentado una enmienda a los Presupuestos de 2015 para poder trabajar en él y en el momento que tengamos presupuesto suficiente para ello abordar las obras. Pero como proyecto y como concepto, seguimos adelante con esa Ciudad de la Justicia en Valladolid.

—¿Y la Ley de Demarcación? El Gobierno anunció hace casi dos años una modificación de esta ley que contemplaba la eliminación de numerosos partidos judiciales en Castilla y León. ¿Se ha aparcado por completo este proyecto?

—En el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aparecían muchas cuestiones como modificar el modelo territorial de la Justicia, superando el modelo tradicional del partido judicial y llevándolo a una demarcación provincial. En este momento consideramos que ese sistema genera más dificultades y problemas que ventajas y por eso vamos a excluir esas cuestiones de la reforma de la Ley Orgánica porque sabemos que habían generado mucha inquietud en muchas comunidades autónomas y en particular en Castilla y León

—Respecto a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ¿seguirá en Burgos o se abrirán nuevas salas en Valladolid?

—En este momento no tenemos ningún proyecto para reformar la estructuración de la Justicia en Castilla y León, por lo tanto las sedes están donde están y las salas están donde están y, en principio, va seguir así. Nosotros permanentemente revisamos las cargas de trabajo, la creación posible de alguna sección adicional o de alguna sala descentralizada si fuese el caso, pero en este momento las estadísticas judiciales no indican que se requiera ninguna otra creación de nuevas salas en Valladolid.

—La mayoría de los juzgados de lo Social y lo Contencioso de Castilla y León están prácticamente colapsados. ¿Está prevista la creación de nuevos juzgados en la Comunidad?

—Acabamos de crear 282 nuevas plazas y buena parte de ellas asociadas con órganos colegiados con las Salas que usted menciona de lo Civil o de lo Social en distintas provincias, y en Castilla y León se han asignado varias de estas plazas. Hemos atendido las prioridades más inmediatas, las que tienen una mayor sobrecarga. Seguiremos en el año 2015 y sucesivos creando plazas; este año como decía 282 y el próximo año están previstas 100 nuevas plazas de jueces y fiscales en la oferta de empleo público en la ley de presupuestos. Esto es un proceso continuo en el que vamos ajustando la planta judicial a las demandas y a la carga de trabajo.

—El presidente del TSJ de Castilla y León, en la apertura del año judicial, mostró su “gran desolación por una Justicia más del siglo XX que del siglo XXI. ¿Qué le parece?

—Si lo que está poniendo de manifiesto el presidente del TSJ es la necesidad de reformas, estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho estamos trabajando en reformas procesales y organizativas, en más plazas, y en la incorporación de nuevas tecnologías como herramienta cotidiana de trabajo de los jueces, fiscales y abogados. Eso que hemos incorporado cada uno a nuestra vida particular y profesional, en la Justicia no es tan habitual todavía. Por lo tanto, todo ese conjunto de reformas están presentes en nuestro proyecto y estoy seguro que el presidente del TSJ de Castilla y León los conoce. Lo que creo que ponía de manifiesto con sus palabras es una voluntad de cambio, de mejora, en el que todos estamos comprometidos.

—La ley enjuiciamiento criminal se presenta como una de las patas de la regeneración democrática, según el Gobierno. ¿Qué objetivos busca?

—En primer lugar agilizar nuestro sistema de justicia penal. Vamos a modificar las reglas para que las ‘macrocausas’, que duran años y que los ciudadanos perciben como una justicia lenta y de peor calidad, se instruyan en un tiempo más corto, para que finalicen en meses y no en años como hasta ahora. Básicamente lo que vamos hacer es modificar la regla de conexidad que significa que cada delito generará una causa propia sin necesidad de conectarlas todas por diversos delitos. En segundo lugar vamos a facilitar que los jueces se puedan dedicar a los asuntos más complejos eliminando de la tramitación judicial, por ejemplo, las faltas sin autor conocido porque eso es un tema de gestión meramente administrativa. También vamos a implantar un nuevo sistema procesal, un juicio ágil y sencillo para los delitos, por ejemplo, de conducción en estado de embriaguez; todo orientado a que los jueces destinen su tiempo las causas más complejas. Además, vamos a regular las técnicas de investigación, la interceptación de comunicaciones, las grabaciones, una serie de medidas que necesitan los jueces de instrucción.






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