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El Gobierno quiere retrasar un año la edad efectiva de jubilación

Será de forma progresiva de aquí a 2048 con medidas como incentivos y mayores cotizaciones.

 

Pensionistas leoneses manifestándose. RAMIRO -

12/01/2019

lucía palacios | madrid

La respuesta del Gobierno al informe de la Airef sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones no se ha hecho esperar. El Ejecutivo considera que sus estimaciones, entre las que figuran que el gasto se incrementará hasta el 13,4% del PIB en 2048, son «muy razonables», incluso «moderadas», y por eso -al igual que advierte la Autoridad- ve necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. También coincide con la Airef en que una de ellas sería aumentar un año la edad efectiva de jubilación -que no hay que confundir con la edad legal- en un plazo estimado de tres décadas, así como ampliar paulatinamente el número de años necesarios para calcular la cuantía de la prestación.

En la actualidad, la edad efectiva de jubilación se sitúa en 63,7 años (62,7 si se incluye a las clases pasivas, a los funcionarios, que se retiran de media a los 60), pero se prevé que en 2027 se alargue hasta los 64,5 años, como consecuencia de los efectos de la reforma de 2011, que establecerá en dicho ejercicio la edad legal de jubilación a los 67. Lo que pretenden tanto el Gobierno como la Autoridad es que en 2048 las personas se jubilen a una edad media de 65,5 años, para lo que el Ministerio de Trabajo propone ir cada año ampliándola unos días hasta llegar a sumar doce meses más dentro de tres décadas. «Lo que hay que conseguir es que todo el mundo se jubile más tarde», defendió este viernes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, durante un encuentro con la prensa. Para ello, abogó por utilizar «fórmulas voluntarias, pero también obligatorias». Entre las primeras, Trabajo se plantea introducir incentivos para que las personas permanezcan más tiempo en el mercado de trabajo -algo que ocurre en otros países europeos como Francia-, así como elaborar marcos flexibles entre actividad y jubilación; o lo que es lo mismo, impulsar la jubilación parcial, para que un trabajador reduzca su horario laboral, de forma que cobre por un lado por la empresa de la que trabaja y por otro una parte de la pensión, al estilo del contrato relevo.

A su vez, el Ministerio baraja como medidas obligatorias endurecer las jubilaciones anticipadas, como por ejemplo hacer cotizar más a quienes quieran retirarse antes. «Si usted se va a jubilar antes, debe pagar más», resumió Granado, quien apuntó que «las jubilaciones anticipadas se han generado por conflictos históricos». Citó como ejemplo a los maquinistas de Renfe, que, pese a no tener una «actividad muy penosa», se pueden jubilar antes porque han heredado la categoría de los fogoneros. «Todas las figuras de jubilación anticipada van a tener que incorporar financiación particular», avisó el secretario de Estado; es decir, sus beneficiarios tendrán que pagar más por ello. Y el argumento que dio fue que en la actualidad los puestos de trabajo tienden a ser «menos penosos, requieren menos esfuerzos físicos».

Lo que sí quiso dejar claro es que el Gobierno está en «desacuerdo» con la Airef en fijar «edades más largas para todos», es decir, modificar la edad legal de jubilación -algo que ya se ha hecho en anteriores reformas y que se situará en 67 años en 2027-, ya que «éste no es el modelo que sigue la gente». De hecho, el año pasado, de los más de medio millón de personas que se jubilaron, la mayoría lo hizo con menos de 65 años, tal y como precisó Granado.

De cualquier forma, el Ejecutivo no quiere llevar a cabo esta reforma sin contar con el apoyo de los interlocutores sociales, por lo que se reunirá con ellos la próxima semana para empezar a tratar qué medidas se pueden llevar a cabo en el corto plazo y, de igual manera, consensuar esta reforma en los próximos meses. A su vez, el Ministerio de Trabajo asegura que si no hay acuerdo sobre esto en el Pacto de Toledo tampoco se pondrá en marcha. Es por ello que tratarán de «negociar puntos de coincidencia» ya que los últimos acuerdos datan del año 2011. Y no solo en lo referente a la edad efectiva de jubilación, sino también en lo que concierne a extender el periodo de años que se tiene en cuenta para calcular la pensión, algo que también comparte la Airef.

El departamento dirigido por Magdalena Valerio quiere ampliar ese periodo de forma paulatina hasta llegar a los 35 años, algo que -a juicio de Granado- «acercaría la legislación española a los estándares europeos y no debería producir efectos negativos». En la actualidad se tienen en cuenta los últimos 22 años de cotización, pero en 2022 serán los últimos 25 años. En caso de llevarse a cabo, sería a partir de 2022 y con «medidas para que no perjudique a los trabajadores», sobre todo a quienes tengan lagunas ocasionadas por la crisis.

Otra propuesta que abordarán, en este caso más en el corto plazo, y que coincide con la Airef, es la de traspasar al Estado el déficit de la Seguridad Social, de forma que algunos de los gastos se paguen con impuestos y no con cotizaciones, tales como los de personal, las bonificaciones e incentivos al empleo. «Necesitaremos algún tipo de financiación pública del Estado», dijo.




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