El silencio de la víctima de La Manada no fue un ‘sí’ pero tampoco un ‘no’

Doménico Chiappe | PAMPLONA

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó ayer la pena de 9 años para los integrantes de La Manada por el abuso sexual de una chica de 18 años en los sanfermines de 2016. La «tenue» línea que separa la agresión del abuso en materia sexual es tan breve como pronunciar la palabra ‘no’, bajo el escrutinio interpretativo de los jueces. En esta decisión la mayoría de magistrados —tres de cinco— coincidió con la mayoría que juzgó el caso por primera vez —dos de tres— y ratificó el fallo excepto en lo que concierne al delito contra la intimidad. Ángel Boza, Jesús Escudero, José Angel Prenda, Alfonso Cabezuelo y Antonio Guerrero, cometieron abuso sexual contra una mujer de 18 años, cuya identidad está protegida, y deben ser condenados a nueve años de prisión, tal como se dictaminó en primera instancia.

El Tribunal Superior considera «acertada» la resolución inicial, al considerar probado que ella «soporta (el abuso sexual) en un estado que nos sugiere ausencia y embotamiento de sus facultades superiores», debido a la «conducta sorpresiva de los acusados» y al «contexto opresivo y humillante, mediando su desvalimiento, aprovechando una desproporción abusiva de fuerzas, y sirviéndose de una situación de superioridad por razón de género, edad y actuación en grupo».

La sentencia del tribunal presidido por Joaquín Galve Sauras —que emitió un voto discrepante— define así lo sucedido en ese cubículo: «Pasividad doliente de la víctima» frente al «abusivo comportamiento de los acusados». Probadas la manifiesta superioridad y la conciencia de su posición de dominio de los atacantes, la sentencia enfatiza que «la constatación de no haber expresado o manifestado la víctima su oposición a la relación sexual (...) no puede ser percibida como un asentimiento». En otras palabras, parafraseando las pancartas de apoyo a la víctima: si no dice ‘sí’ no es necesariamente ‘no’, pero el silencio tampoco significa ‘sí’. Por tanto, callar no significa ni ‘sí’ ni ‘no’.

RECHAZO SOCIAL

La sentencia generó a lo largo del día una cascada de reacciones, principalmente de indignación porque se haya mantenido el delito de abuso y los jueces no hayan condenado por agresión sexual. En este contexto de rechazo social, «asumido» por los jueces, según reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Joaquín Galve, uno de los dos magistrados discrepantes, pidió «respeto» para la resolución judicial, «guste o no guste».

La crítica llegó tanto de instituciones navarras como el Gobierno Foral y el Ayuntamiento de Pamplona, como desde la Junta de Andalucía o el Gobierno de la nación. Para el Gobierno central, la división de criterios jurídicos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en la confirmación de la sentencia de la Manada puede generar desconfianza en la ciudadanía, en palabras de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Pilar Llop.

Formaciones políticas del arco parlamentario navarro como Geroa Bai, EH Bildu y Podemos-Orain Bai han rechazado la sentencia de la que han dicho, entre otras cuestiones, que «transmite un peligroso mensaje de impunidad ante las agresiones a las mujeres», «Es una vergüenza que demuestra que el machismo está instalado en los tribunales», bramó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamando la formación de género para los jueces.

La fiscalía estudia pedir el ingreso en prisión de La Manada.