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leasba. las dos caras de la legalidad tic

El derecho tecnológico es el puente entre los avances y la legalidad, un puente cada vez más necesario y más especializado. E s el gran reto del universo teconológico: acompasar los avances con una normativa que garantice la seguridad de los consumidores, pero también de las empresas que desarrollan o prestan los servicios. El derecho avanza al ritmo que marca la transformación digital. Y requiere especialización

 

Leasba tiene sus oficinas en el Edificio de Servicios Múltiples del Parque Tecnológico de León. - jesús f. salvadores

José Luis Sánchez Calvo, en su despacho de Leasba. - jesús f. salvadores

maría j. muñiz | león
18/12/2018

«Cada solución tecnológica tiene que estar tutelada por el derecho. Y la transformación digital hace que esta adaptación se produzca a un ritmo vertiginoso. Necesitamos seguridad en todos los ámbitos, y un respeto escrupuloso a la protección de datos». José Luis Sánchez Calvo analiza este camino paralelo de la tecnología y el derecho no sólo desde el punto de vista del abogado especializado en materias tecnológicas, sino desde el de una parte de una empresa dedicada al desarrollo tecnológico que cuenta con una división legal especializada. «Eso nos permite tener una visión global, y ofrecer soluciones integrales. Tenemos clientes que buscan un desarrollo tecnológico, y les ofrecemos el paraguas legal para utilizarlo; y otros que llegan pidiendo una solución legal y a los que podemos dar la herramienta tecnológica adecuada».

Es la ventaja competitiva de Leasba, una empresa tecnológica ya de larga trayectoria en León, especializada en desarrollo de software y hardware, business intelligence, big data, programación,... Y que desde el principio contó con una asesoría jurídica, que es ahora una división especializada en derecho tecnológico.

Sánchez Calvo insiste en que todo el proceso de transformación legal tiene que ir directamente relacionado con el mundo del derecho. «Y el derecho tecnológico es el puente entre la tecnología y la ley». El abogado reconoce que «hasta hace poco todo el mundo campaba un poco a sus anchas, Facebook, el tráfico de datos, la inteligencia artificial, los contratos,... Todo este mundo ha crecido exponencialmente, y la aplicación de la norma tiene que estar atenta a todos los aspectos que implica».

Por eso considera que la doble vertiente de Leasba es un valor añadido. «No somos un despacho de derecho tecnológico, somos una empresa dedicada al desarrollo tecnológico que tiene incorporada una división que tutela desde el punto de vista jurídico todos los procesos, y que también da servicio al exterior. Ofrecemos asesoramiento jurídico en un campo que es muy amplio».

Uno de los puntos en los que incide Sánchez Calvo es en la ciberseguridad. «La seguridad es un valor, porque los datos son el activo más valioso de la empresa. Y todo está hoy extrapolado al mundo de Internet, los procesos productivos no se entienden si no están incorporados a la red, incluso los procesos contractuales. No podemos obviar esta situación, igual que no hay que olvidar que todos estos instrumentos tienen que ser seguros, para evitar el hackeo, el robo de información y de datos, la propiedad intelectual, la privacidad,... Todo este entorno es nuevo en los procesos productivos, y la actividad necesita una interpretación normativa».

El responsable de la división legal de Leasba insiste en que el asesoramiento es imprescindible hoy en «ámbitos que van desde el comercio electrónico a la propiedad intelectual o la protección de datos; pero que se refieren también a los smart contracts y la tecnología blockchain, o a la responsabilidad y las pruebas tecnológicas en el derecho penal. Aspectos que hay que atender desde el punto de vista legal y tecnológico a la vez, y nosotros tenemos esa doble visión empresarial».

La complejidad de los desarrollos tecnológicos implica así muchos aspectos en los que hay que caminar con cuidado. «En la legalidad de las web y del comercio electrónico es fundamental atender escrupulosamente a la privacidad, todo lo que está relacionado con la protección de la vida privada. Desde mayo todas las empresas tienen que estar adaptadas al reglamento, y nosotros tenemos una certificación específica en este tipo de asesoramiento y de implantación de herramientas».

Porque si los datos son «el oro del siglo XXI, los derechos de los usuarios a que no sean manejados son el siguiente reto a tener en cuenta. Y ahí la normativa también está avanzando, de hecho la nueva reglamentación europea incide de forma importante en este aspecto». Porque los datos son la fuente del poder de las empresas, que pueden realizar con ellos patrones de conducta de los individuos. «Todos esos procesos de análisis de tu vida particular, preferencias, gustos, permiten que el marketing vaya directamente dirigido a esos comportamientos. Pero a la vez la elaboración de perfiles vulnera la privacidad de manera muy importante. La normativa que viene sobre protección de datos incide en que el ciudadano pueda negarse a que se utilicen sus datos para elaborar esos patrones».

Y eso abre un campo de desarrollo muy importante para los consentimientos informados, y su ratificación a través de blockchain. «Para que no existan dudas a los consentimientos esta tecnología permite asegurarlos, pero también aporta un valor añadido: no son consentimientos generales, sino que en cada caso se ciñen a un consentimiento muy específico». Así, se puede solicitar una información pero rechazar que se utilicen esos datos para desarrollar patrones o perfiles, o para otros intereses. «Es necesario dar al consumidor, usuario o paciente la posibilidad de discernir en sus consentimientos. Y esto está y estará más regulado por ley. Hay que adaptar las tecnologías y los proyectos a estas exigencias normativas, si no, se está fuera de la ley».

El límite de las herramientas tecnológicas tiene también una implicación importante en el mundo penal, como ocurre en otros aspectos de este campo del derecho. «No todo vale para obtener pruebas, y se está estudiando a fondo el límite de las herramientas tecnológicas incluso para la imputación de delincuentes. Si no puedes entrar en su casa sin una orden judicial, y aunque encuentres las pruebas quedan invalidadas si no se ha seguido el procedimiento; en la investigación tecnológica pasa lo mismo, la impunidad no es aceptable. Si no fuera así se abriría un lado muy tenebroso en la invasión de la privacidad de las personas».

El derecho tecnológico tiene cada vez más importancia en los procedimientos judiciales, pero igualmente es necesario ser escrupuloso y conocer la normativa. «Se abren campos nuevos que son apasionantes, como la validez de las pruebas tecnológicas o digitales en los procesos judiciales y penales. Están ya aquí, pero necesitan regulación y también interpretación judicial y legal. Por ejemplo en el funcionamiento de los drones, que choca con muchas normativas en vigor; o la utiliazación de las imágenes captadas por los drones. También de los robots, la seguridad del cloud computing o la validez de las pruebas de whatsapp, que cada vez son más habituales. Pero no todo vale. Hay que certificar cómo se obtienen, que no están manipuladas, que no se vulneran derechos,...».

A mayores, con la inteligencia artificial se abre «un enorme panorama de preguntas y respuestas, para las que los abogados tecnológicos tenemos que estar preparados.