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RECLAMACIONES CIUDADANAS

La Comisión de Transparencia de Castilla y León recibe 314 reclamaciones en 2018

Son un 55% más que en 2017 y la mitad responden a informaciones solicitadas a entidades locales y unas 80 a la administración autonómica

 

Tomás Quintana preside la institución. - RAMIRO

ICAL | LEÓN
09/01/2019

La Comisión de Transparencia de Castilla y León mantiene en su tercer año de funcionamiento un crecimiento notable en el número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos por las denegaciones de acceso a información pública dirigidas a las administraciones autonómica y local, a entidades del sector público y a corporaciones como los colegios profesionales.

En 2018 se recibieron 314 reclamaciones, es decir, 112 más que en el año anterior y más del triple de las presentadas en 2016. Del total, 188 se refirieron a denegaciones de información pedida a entidades locales (141 correspondieron a los ayuntamientos de la Comunidad), 84 se presentaron frente a la administración autonómica y ocho tenían relación con la falta de información por parte de alguna de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

En 114 ocasiones los ciudadanos utilizaron medios electrónicos para la presentación de su reclamación. Aunque se redujo el porcentaje de reclamaciones interpuestas ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información (se pasó del 80 al 70 por ciento, aproximadamente, del total) todavía fueron 223 las reclamaciones planteadas frente a desestimaciones presuntas.

En aquellos supuestos en los que la reclamación se presentó frente a una resolución expresa, los motivos más utilizados para denegar la información fueron la protección de datos personales, la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada, el carácter repetitivo o abusivo de la petición y la falta de posesión de la información.

El tipo de información solicitada por los ciudadanos que motivó sus reclamaciones es muy diverso pero las dos grandes materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones fueron las relativas a cuestiones referidas al personal de la Administración (en especial a funcionarios de la administración autonómica) y a la actividad económica, presupuestaria y de contratación de las entidades locales.

También experimentó un notable crecimiento el número de resoluciones adoptadas por la Comisión de transparencia, ya que en 2018 fueron 226 frente a las 155 de 2017. De estas 226 resoluciones, en 94 de ellas se estimó en todo o en parte la petición del ciudadano de acceder a determinada información y, por tanto, se requirió al organismo afectado para que suministrara la misma. En 65 ocasiones las resoluciones estimatorias se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 21 de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las Consejerías de la Junta (11 más que el año anterior).

Estas resoluciones son ejecutivas y deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los tribunales. De hecho, en 2018 se presentó un nuevo recurso judicial frente a una Resolución de la Comisión, que se añade a los tres presentados en 2017 -todos ellos pendientes aún de ser resueltos-.

Como ejemplos de algunas de estas resoluciones, la institución que preside Tomás Quintana destaca que a través de ellas se ha instado a la Administración autonómica a que facilite los datos correspondientes a las gratificaciones extraordinarias percibidas por el personal directivo o de mayor responsabilidad, así como los relativos a las retribuciones y autorizaciones de compatibilidad de un alto cargo.

Igualmente, se ha señalado a la misma Administración que debía proporcionar los datos sobre alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que habían sido solicitados, se ha requerido a una sociedad mixta municipal para que proporcione información a un ciudadano sobre su contratación y se ha instado a un Ayuntamiento para que dé acceso a la información relativa a su contratación de personal laboral.

Por otra parte, es reseñable que hasta en 52 ocasiones (nueve más que en 2017), una vez que ha intervenido la Comisión ante la reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a ésta y se ha proporcionado el acceso a la misma.





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