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SILVIA CLEMENTE PRESIDENTA DE LAS CORTES DE Castilla Y león

«Nuestro país está bien planteado, no hay que removerlo»

Clemente defiende que ahora no toca realizar ningún cambio en el Estatuto de Autonomía para reconocer las singularidades de León porque la Comunidad tiene todo lo que necesita para desarrollar sus políticas.

 

La presidenta de las Cortes con el director de Diario de León, durante la conversación. RAMIRO -

Algunos de los asistentes al último debate sobre la Constitución en el Club de Prensa. RAMIRO -

06/12/2018

A. Calvo | León

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, cerró ayer el ciclo de conferencias organizadas por Diario de León en el marco del aniversario de la Carta Magna. Bajo el epígrafe Conversaciones en torno a la Constitución en su 40 aniversario se ha abordado desde el origen del documento, su posible reforma o su aportación al desarrollo de España.

—La Constitución ha fijado el marco de convivencia de los últimos 40 años en España. Su vigencia es tal y se hizo tan bien que se plantea que las reformas que se van a acometer no será profundas, aunque sí muy influyentes para el país. ¿Cómo valora estos 40 años a través de su experiencia en los órganos de gobierno?

—Al hablar de la Constitución tenemos que recordar cómo sucedió, tener en cuenta de dónde veníamos y lo que permitió. Es necesario contraponer de dónde venía España: de una dictadura donde no estaban garantizados los derechos y libertades y que nos situaba fuera del contexto de desarrollo del marco europeo. Estos últimos 40 años han sido los tiempos de mayor progreso y desarrollo; a partir de la Constitución España ha conseguido crecer en todos los ámbitos, salir al exterior, el estado del bienestar, una educación y una sanidad gratuita y universal, mejorar infraestructuras y colocarnos como una potencia con nombre propio. España es un país con nombre propio. Todo eso hay que agradecérselo a la Constitución y a los que hicieron un texto que después de 40 años sigue dando respuesta a situaciones que ahora son nuevas. Por ejemplo, da una respuesta integral a todos los modelos de Educación, garantiza el sistema público, el privado o el concertado y demuestra que en Castilla y León existe la igualdad y que el acceso a la educación no distingue entre clases ricas y pobres. Permite elegir el mejor sistema que se adapte a nuestras condiciones ideológicas o religiosas.

—La Constitución es un texto de garantías, como la educación o la sanidad. Pero en el marco de la Unión Europea, ¿está sometida nuestra Carta Magna?

—No hay casos de confrontación, lo que España se somete es al cumplimiento del ordenamiento jurídico europeo en directrices de carácter básico, como las medioambientales.

—El artículo 155 está de plena actualidad, aunque hace unos meses nadie sabía cuál era su contenido. Ahora abre la puerta a solucionar muchos problemas de carácter territorial.

—En la Constitución hay muchos mandatos que no se han cumplido, porque si se hubieran aplicado, no hubiéramos llegado a la situación actual. Mi propia reflexión: el 155 permite cancelar, anular o disolver el poder una comunidad autónoma que incumple con el estado de derecho como pasó en Cataluña. Ha sido una experiencia difícil porque nunca se había aplicado y se hizo necesaria porque fue un golpe de estado en pleno siglo XXI. Así ocurrió con los militares en 1981 y ahora en Cataluña con una ley que declara la independencia. No tiene más definición.

—A qué se refiere con los mandatos que no se han cumplido.

—Es algo que he denunciado en muchas ocasiones. Siempre he dicho que permitir a las autonomías incumplir las garantías básicas de determinadas competencias como la educación, la sanidad o el estado social, las que nos hacen iguales, no me parecía bien. No se debieron dar concesiones educativas a Cataluña o al País Vasco porque no respetaron la Constitución, porque la transferencia de la educación, no garantiza la homogeneidad en España. Si una autonomía incumple que la primera lengua sea el castellano o que los libros de texto no contengan las enseñanzas básicas para todo el país, el Gobierno, tenía la capacidad de impugnar estos programas escolares y debería haberlos paralizado. Eso tenía que haber pasado desde el primer día que se detecta, no hace falta reformar la Constitución para ello, sólo era preciso que se ejercieran las competencias del Estado, sin llegar a recentralizar. No quiero que Castilla y León retroceda en su sistema educativo ni en prestaciones sociales, yo quiero que el Estado obligue a las autonomías que no cumplen a que lo hagan. Ahora, ya tenemos varias generaciones adoctrinadas en un sentimiento catalanista o vasco, porque esas generaciones no han aprendido historia de España, han aprendido el catalán sin hablar castellano. Y el Gobierno tenía capacidad para impedirlo, aplicando la Constitución. Culpo a todos los gobiernos, independientemente de su color político.

—El Estatuto Autonomía tiene un papel fundamental y también se ha intentado reformar para que se adapte a los tiempos.

—Nuestro estatuto es bueno y se ha reformado de manera importante en tres ocasiones. Nos ha permitido instituciones propias que nos han ayudado a crecer como autonomía. Hemos logrado derechos y libertades de la Constitución en el contexto autonómico y las competencias en agricultura, cultura o patrimonio histórico. Reformarlo no es algo urgente e imprescindible, porque todo lo que necesitamos para poder llevar la máxima expresión de nuestras políticas lo tenemos. Estamos con el nivel de descentralización más alto de Europa y el mundo.

—¿Habría que reformar el sistema o la ley electoral?

—Hay muchos sistemas de elección y todos tienen ventajas e inconvenientes. Pero sí se debería conseguir una modificación que impida que grupos políticos que representan intereses muy concretos y con un porcentaje de votos muy pequeño tengan representación en el Congreso o el Senado, que es donde se defienden los intereses generales.

—¿Se refiere a que con menos votos se pueden conseguir más representantes? Es decir, lo que le ocurría a Izquierda Unida, que tenía menos diputados que CIU o PNV, porque ellos concentraban sus votos en una circunscripción.

—Hay que impedir un porcentaje circunscrito a un territorio. En las Cortes se defienden los intereses generales, porque sólo de esta manera las políticas e iniciativas que se aprueben serán para todos. Si los nacionalistas siguen accediendo, sólo están condicionando las decisiones para partes del territorio con una representación desvirtuada. Pueden hacer un bloque para preservar sus propios intereses como ya ha ocurrido. Los del País Vasco defienden sus presupuestos y Cataluña su proceso de independencia. Hay que impedir que con un nuevo sistema accedan a estos órganos representativos.

—¿La alternativa sería ir a una segunda vuelta?

—Hay diferentes sistemas. De la segunda vuelta se habló para evitar que se repitieran las últimas elecciones, pero también hay otras alternativas como cuando a partir de un número de votos concreto se suplementa un número de diputados para crear gobierno. Hay que tener una senda clara para que se forme un gobierno y evitar que se tengan que repetir las elecciones, porque es una pérdida de tiempo, los ciudadanos necesitan un gobierno, eso sin tener en cuenta el alto coste económico.

—¿Qué opciones hay?

—Lo primero, siempre es formar gobierno, pero la necesidad de diálogo y acuerdos, ese esfuerzo, debe mantenerse. Sí es importante conseguir desbloquear que haya un gobierno. A partir de ahí, hay que trabajar para llegar a acuerdos. Eso es compatible y forma parte de la dinámica democrática, como que los acuerdos entre los grupos políticos son igual de legítimos entre la derecha y la izquierda. Ahora a la izquierda le parece mal que se conforme un gobierno de derechas en Andalucía y llama a la sublevación o movilización porque han resultado elegidos partidos votados por 400.000 personas, eso es también democracia. No se llamó a la sublevación cuando Podemos obtuvo su representación en el Congreso.

—Ahora en Castilla y León también es necesario llegar a ese acuerdo y diálogo del que hablaba. ¿Somos capaces de mantener el mismo consenso que los padres de la Constitución?

—Es una pregunta difícil, yo no creo que hayamos retrocedido, pero sí cambiado mucho. Ahora somos una sociedad más compleja, con muchos puntos de vista, con una abanico de sensibilidades más amplio y la sociedad ha crecido, es más culta, más educada, con más acceso a la información, tienes muchos ángulos y esto hace que todo sea más complejo. En 1978 el objetivo era superar la dictadura y abordar la democracia con todas las fuerzas políticas y hubo un gran esfuerzo de generosidad de todos para conseguir el texto de la Constitución y los pactos de La Moncloa, que dieron paso a una política de desarrollo sobre todo en el nivel económico. En estos momentos, la forma poliédrica de la sociedad se refleja en los grupos políticos. La crisis ha hecho que muchas personas se rebelen contra el sistema establecido. Ahora estamos en otra etapa y la sociedad se rebela contra otros fenómenos. En España, Cataluña ha hecho que muchos españoles se rebelen contra un Gobierno que ha cedido ante los independentistas, porque Pedro Sánchez ha contemporizado con los independientes y ha acallado muchas cosas. La primera expresión de esto ha sido en las elecciones andaluzas.

—En sus años de carrera política ha podido ver la evolución de Castilla y León, ¿qué parte de este mérito le corresponde a la Constitución?

—Sin ella nada hubiera sido posible. Todo el desarrollo del país, sobre una base y una historia importante de potencia mundial, siempre hemos estado entre las primeras potencias, pero con la Constitución se recupera el tiempo perdido en la dictadura. En Medio Ambiente nosotros nos hemos beneficiado, al estar en Europa, para proteger espacios naturales y desarrollado protección en todos los recursos y provincias. También para garantizar el abastecimiento de agua y la calidad de los ríos... no podríamos haber alcanzado este desarrollo sin la Constitución. He sido consejera en los departamentos en los que se centran los recursos endógenos más fuertes de Castilla y León, como el Turismo. Nosotros tenemos la mitad de los recursos con protección del país. Eso ha permitido crecer en la restauración y en la protección del patrimonio y hemos podido unirlo a la promoción turística, que es una de los campos más importantes para frenar la despoblación, como los recursos naturales. Somos la comunidad autónoma que tiene todas las producciones agroganaderas importante del país: vacuno, porcino, ovino, queso, vinos, conejos, hortalizas, frutas... y León es la provincia con más figuras de calidad y muy destacadas. León, dentro de la comunidad, tiene un protagonismo enorme dentro de estos recursos.

—Usted siempre ha sido defensora de la comunidad, ¿cabría alguna reforma para modificar la situación de León?

—El status quo establecido en la definición de autonomía de nuestro país está muy bien planteado y no hay que removerlo. No lo creo, somos una comunidad que une dos antiguos reinos con historia en común. Pero la Constitución, cuando se pueda reformar —ahora falta consenso— debe recoger la financiación autonómica, porque ahora estamos al albur y hasta ahora hemos estado perjudicados, porque no se tiene en cuenta ni la dispersión ni el envejecimiento y es imprescindible. Y la financiación se tiene que blindar, porque Castilla y León desarrolla todas las competencias, somos un estado social y democrático: educación, sanidad y servicio sociales y nosotros ocho de cada diez euros del presupuesto lo destinamos a estas competencias y necesitamos la garantía de que la financiación venga del Estado y ahora no viene. Todos los años nosotros destinamos 600 millones de euros al estado social y tenemos que endeudarnos para poder cubrir todos los servicios con el alto nivel que hemos establecido. Por eso lo tiene que blindar la Constitución.

—Además, cumplimos con el endeudamiento.

—Sí, porque otras autonomías se lo gastan en embajadas exteriores o policías autonómicas. También debería ser premiado que se gasten bien los recursos públicos y esto beneficiaría a León, porque es una provincia grande. Yo creo que León tiene un potencial de crecimiento excepcional; en agroalimentación ha experimentado gran desarrollo gracias a la autonomía, aquí hemos complementado todas las líneas de financiación porque León podría crecer y a las líneas europeas les hemos sumado fondos propios. En diez años hemos conseguido que la agricultura cree 10.000 empleos más y León es una potencia. Creamos Tierra de Sabor que ha reportado grandes beneficios porque en el mercado global las marcas tienen que se fuertes. Hay que fortalecerse de todo lo que tiene la comunidad y Tierra de Sabor ha sido un éxito.

—En relación al mapa territorial... ¿cabría la España federal?

—Es sólo una cuestión de terminología. Federal es descentralizado y hemos conseguido el máximo nivel de descentralización de Europa y lo hemos llamado autonomías, en la Constitución se decidió con buen criterio. Algunos políticos sólo juegan con las palabras.

—Los políticos juegan con demasiadas cosas, como las salidas de tono en el Congreso, ¿la política no juega demasiado a ser algo vulgar últimamente?

—Algunos políticos sí. Me molesta hablar de ellos porque cuando llevamos 40 años de democracia el respeto y la convivencia son esenciales en el ámbito del debate y más en los lugares donde se representa a los ciudadanos. Hay que llevar al máximo los valores y algunos no lo quieren entender, pero dentro de esta sociedad poliédrica hay algunos que sacan ventaja de estas actitudes, la de llamar la atención. Cuando se cae en el exabrupto, como Rufián en el Congreso, se consigue eso y él tiene un público y a su público, probablemente, le pareció bien. Rufián buscaba con seguridad que le expulsaran y lo consiguió. Hay que dar la vuelta a muchas cosas, le mejor sanción no era echarle, sino que perdiera su retribución.

—No conviene confundir aforamiento con impunidad, ¿pero habría que abordar esto en la reforma?

—Hay que preguntar a Sánchez por qué introduce este debate.

—Para desviar la atención...

—No lo sé o a lo mejor algunos de los partidos que le apoyaron en la moción lo llevaban en su programa. Es un tema que está en la Constitución y regulado. Somos una monarquía parlamentaria y se reconocen todas las circunstancias y derechos. Los aforamientos, es exactamente lo mismo. Hay mucho debate, pero está regulado mediante el derecho a la tutela judicial efectiva y en el orden jurisdiccional que nos corresponde. Los aforamientos sólo determinan que los que tienen una función pública tienen unas garantías: que la justicia va a ser independiente para que la proximidad no determine ningún tipo de personal. No le veo la urgencia para abordar ahora estas cuestiones.

   
1 Comentario
01

Por laguelles 18:56 - 06.12.2018

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La constitución, europa y las autonomías han dejado peor León que las invasiones, las guerras o las plagas....nuestros hijos tienen menos oportunidades que otros españoles y nosotros pagamos más impuestos por menos y peores serivicios... quitan los peajes a castellanos, vascos y catalanes y pagamos nosotros... esto es la ruina!!!

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