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El Gobierno se enfrenta a litigios por el carbón que suman 373 M€

Empresas, sindicatos, comunidades y ayuntamientos llevan sus reclamaciones a los juzgados.

 

Una camiseta reivindicativa cuelga de la verja del Ministerio de Industria en una manifestación. R. P. VIECO -

29/08/2016

m. rabanillo | león

El Gobierno tiene pendientes una decena de procesos judiciales por su gestión de la minería del carbón en los que se le reclama el pago de más de 373 millones de euros. Los litigios, que han sido interpuestos por empresas mineras, sindicatos, comunidades autónomas y ayuntamientos de las cuencas, implican al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Comarcas Mineras (IRMC), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y han obligado a dicho instituto a realizar en sus cuentas las correspondientes provisiones de gasto por responsabilidades.

Uno de los procesos es el iniciado por las federaciones de Industria de las centrales sindicales de Fitag-UGT y CC OO, en el que se reclama el reconomiento del derecho de los trabajadores prejubilados a percibir los incrementos del IPC. En la última auditoría del Instituto del Carbón, aprobada este verano, se estima que dicho procedimiento judicial podría suponer el desembolso de 40 millones de euros.

En relación con las ayudas a la minería, el IRMC tiene pendientes tres litigios interpuestos por la Hullera Vasco Leonesa y Coto Minero Cantábrico. En el primero, La Vasco reclama 2,5 millones de euros correspondientes a las ayudas del ejercicio 2006, un proceso que ya tiene una sentencia a favor de la minera, que ha sido recurrida por el Instituto del Carbón. La misma compañía tiene en marcha otro proceso, correspondiente en el este caso a las ayudas de 2007 por las que se reclama el pago de 1,94 millones de euros.

Sin ejecución

Por su parte, el procedimiento emprendido por Coto Minero Cantábrico ya tiene sentencia firme. En concreto, el Estado debe abonar 19,4 millones de euros —más los intereses preceptivos— a la empresa de Victorino Alonso, ahora liquidada. Sin embargo, el pago de dicha cantidad no se ha hecho efectivo debido a que, según se refleja en la auditoría del IRMC, la compañía no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Sin embargo, el IRMC ha realizado la provisión en sus cuentas en previsión de que las condiciones de la empresa cambien en este año y se deba abonar el pago pendiente.

En la cuestión que es más optimista el instituto es en la resolución de las tres reclamaciones por responsabilidad patrimonial que han sido interpuestas por Coto Minero Cantábrico, Uminsa y la Hullera Vasco Leonesa. Se trata de los ‘daños y perjuicios’ que reclaman las mineras por el funcionamiento de la Administración del Estado en relación con la dotación, convocatoria, tramitación y resolución de la ayudas a la minería del carbón del ejercicio 2012 y que alcanzan los 88 millones de euros —25 para CMC, 25 para Uminsa y 38,3 para la Vasco—. En este caso, el organismo público no ha procedido a provisionar estos importes «por estar poco fundamentados los recursos», por lo que prevé que sean desestimados.

El instituto prevé que podría tener que pagar este año 2016 casi 182 millones de euros, fondos que ya ha provisto en sus cuentas. A largo plazo, es decir, para pagar a lo largo de los próximos cuatro años, la provisión supera los 191 millones.