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González Antón: «Esta ley protege las ilegalidades administrativas»

 

08/04/2014

Con mucha preocupación, así ven desde las ONG ambientales el proyecto de ley de justicia gratuita impulsado por Ruiz Gallardón, ya que supone un impedimento para litigar contra los grandes proyectos que atentan contra el medio ambiente.

Así lo considera también el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y abogado experto en Medio Ambiente, Carlos González Antón, impulsor de las grandes batallas medioambientales llevadas a cabo con éxito en este provincia, como es el caso de los cielos abiertos, los parques eólicos y San Glorio, entre otros muchos proyectos.

González Antón considera que «con esta ley van a ser muchas las asociaciones conservacionistas que se retraigan cuando detecten una ilegalidad que afecte al medio ambiente, sobre todo las pequeñas plataformas surgidas a raíz de conflictos concretos».

De todos modos, este experto medioambiental considera que la ley es «perfectamente recurrible», ya que atenta contra el convenio Arhus firmado por los miembros de la Comunidad Europea en 2008, y que garantiza acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. «Se puede impugnar, planteando un recurso de inconstitucionalidad», asegura.

Para González Antón esta ley «supone una clara regresión contra los principios de tutela judicial, defendidos por convenios ambientales». Además considera que es una normativa «corporativa, que protege los intereses malentendidos de la administración pública, es decir, protege las ilegalidades administrativas incluidas en proyectos que en definitiva paran los jueces, no las ONG que los llevan a los tribunales».

Detrás de esta ley se esconden además muchos motivos económicos, según González Antón, ya que los plazos de evaluación de impacto ambiental se reducen de un mes a 15 días, lo que reduce los trámites administrativos y por lo tanto los gastos de personal.

«De esta forma, el Gobierno protege proyectos impulsados por grandes empresas que tienen un gran impacto económico, sin tener en cuenta el daño ambiental que puedan generar», concluye González Antón que resume esta ley como una «merma en la calidad democrática y ambiental del país».



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