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Industria sólo pagó el 11% de los fondos adelantados por la Junta en los Miner

Castilla y León y Asturias revisan con . el Instituto del Carbón convenio a convenio.

 

04/09/2016

maría j. muñiz | león

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) sólo ha abonado a la Junta de Castilla y León un 11% de los fondos que ésta adelantó para financiar 74 infraestructuras en las comarcas mineras, aprobadas con cargo a los presupuestos Miner correspondientes a los planes del carbón 1998-2005 y 2006-2012. En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Industria ingresó 7 millones de euros a la Comunidad, pero adeuda otros 54,8 millones, del total de 61,8 millones adelantados para que las mejoras en los municipios mineros salieran adelante.

Ahora la Junta está dispuesta a pelear en el juzgado «hasta el último euro gastado y justificable», después de que el instituto le haya comunicado ya la pérdida de derecho de cobro sobre tres convenios, realizados en 2005, 2007 y 2010. Las alegaciones presentadas por el Gobierno autonómico a los procedimientos abiertos (que se enviaron varias veces, ya que el instituto «no las tenía o no las encontraba») no han servido para evitar la negativa de Industria a pagar, alegando que no se justifica la realización de obras como la ampliación de polígonos industriales en los que en realidad desde hace años hay ya instaladas nuevas industrias.

Entre los proyectos reclamados por la Junta están también algunos no ejecutados, como el teleférico de Vegacervera o el Parque Temático de Fabero; y lo que se reclama es el dinero invertido en la realización de los proyectos, que sí se llevaron a cabo.

uno a uno

La Comisión de Cooperación del IRMC analiza desde 2014 tanto con Castilla y León como con el Principado de Asturias uno a uno los convenios que ambas autonomías financiaron y que Industria se resiste a pagar. En ambos casos se les ha comunicado ya la pérdida de derecho de cobro sobre varios convenios. Tres en el caso de Castilla y León, que han llevado a la Junta a acudir directamente a la Audiencia Nacional; y varios en el caso asturiano (llegaron antes que los de la Junta), aunque desde el Principado no han concretado cuántos ni si se han decantado también por emprender acciones judiciales y renunciar a la hasta ahora infructuosa vía administrativa.

El Principado ha presentado varios procedimientos contra Industria en los juzgados para reclamar el pago de los fondos adeudados. El primero se resolvió en 2014 y reclamaba abonar 213 millones de euros por 56 convenios. La sentencia dio la razón a Asturias en cuanto a la inacción del Gobierno central, y determinó su obligación de «determinar, en cada caso, las incidencias que concurran en la ejecución de los convenios, con la identificación de los posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el pago de las cantidades que en su caso procedan», y pudiendo presentarse alegaciones.

reuniones con asturias

El propio Instituto del Carbón reconoce que desde 2015 se han llevado a cabo varias reuniones para revisar «la situación de cada uno de estos convenios», y se están recibiendo las alegaciones a las decisiones de pérdida de derechos. Como no están resueltos, tiene provisionados los 213 millones que se le reclaman.

La justicia dio en cambio la razón a Industria en la reclamación de 44 millones de otros cinco convenios por parte del Principado en 2013, una decisión que está recurrida por Asturias.

Está abierto un tercer procedimiento de 2014 de 51,1 millones por tres convenios, del que todavía no se ha emitido sentencia.

Es decir, de los 64 convenios cuyo pago reclama Asturias, el instituto revisa los 56 primeros, y espera la decisión judicial sobre el resto. Ya cuando salió la primera sentencia el ex ministro de Industria, José Manuel Soria, advirtió de que la decisión no obligaba al ministerio a realizar «ningún tipo de pago», sino a revisar los convenios uno a uno.

Este mismo procedimiento es el que lleva a cabo la Junta de Castilla y León con el instituto desde hace años. Una exigencia que hasta ahora se basaba en el principio de «buena fe y lealtad» entre las instituciones, pero que desde esta semana se traslada directamente a los tribunales.

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