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Derechos en estado crítico

Los índices de violencia no descienden en América Latina. Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela son los países con los niveles más críticos, según un informe de Amnistía Internacional. El colectivo LGBTI, mujeres, niños y pueblos indígenas, son los principales afectados.

 

carlos enrique ramírez -

gabriela trillo
16/12/2018

Derechos inherentes, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo o cualquier condición. Así se definen los Derechos Humanos (DD HH) en el principio de universalidad (1948) que, en uno de sus primeros apartados, expresa que «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».

Y aunque la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de las Naciones Unidas, incluye varios tópicos dentro de aquello que se considera DD HH, el respeto a los tres mencionados es fundamental y, a pesar de su conocimiento, las noticias en América Latina no son buenas. Así lo reflejan los últimos informes realizados por ACNUDH y Amnistía Internacional, donde señalan que discriminación, desigualdad, oleadas de violencia, detenciones arbitrarias e impunidad, son la norma en todo el continente.

Según un informe de la ONU, América Latina y El Caribe sigue siendo «la región más violenta del mundo para las mujeres» con la tasa más alta de violencia no conyugal y la segunda tasa más alta de violencia conyugal. A esto, se suma el uso «desproporcionado e innecesario» de las fuerzas de seguridad para silenciar la disidencia de manifestantes, críticos o periodistas, según la ONU.

Las represiones en protestas se convirtieron en un denominador común en la región. Pero todo esto no se tradujo en una caída del activismo, al contrario, el creciente descontento social llevó a la población a salir a las calles en determinados países.

«Nosotros hacemos un análisis general de la región pero, por supuesto, hay países en donde la represión es tan feroz, tan sistemática y sostenida que el activismo en defensa de derechos ha mermado y Venezuela es uno de ellos», explica a Efe la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Fernanda Doz Costa.

Doz Costa agrega que en Venezuela «hay violaciones masivas a los DD. HH., violaciones de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, muy puntualmente el derecho a la salud y a la alimentación. Evidentemente en este contexto, la capacidad de organizarse para protestar de la sociedad es mínima. Cuando no se tiene comida o medicamentos, es muy difícil organizarse y poder salir a protestar». En un informe de la ACNUDH de junio de 2018, se refleja que entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril 2018, al menos 570 personas, incluidos 35 niños, fueron detenidos arbitrariamente en ese país.

Cifras sin precedentes

Por su parte, México registró una cifra sin precedentes de homicidios de periodistas y más de 34.000 personas seguían sometidas o en desaparición forzada, según el informe de Amnistía Internacional 2017/2018.

En Río de Janeiro, Brasil, el caos está en las prisiones: hacinamiento y peligrosidad que se tradujo en más de 120 muertes de reclusos para enero de 2017.

En Honduras, al menos 31 personas fueron detenidas arbitrariamente por protestar y exigir transparencia electoral.

La tasa más alta de homicidios que ha registrado ese año este organismo se registró en República Dominicana y Jamaica.

Los manifestantes que protestaron en diferentes convocatorias en países como Colombia, Paraguay, Puerto Rico o Argentina, no escaparon de las represiones en las que se hizo un uso excesivo de la fuerza. Las protestas multitudinarias que se dieron en Buenos Aires durante este periodo terminaron con más de 30 personas detenidas de manera arbitraria, según refleja el informe de Amnistía Internacional.

Otro estudio de la ACNUDH explica que, en Nicaragua, a principios de abril iniciaron manifestaciones pacíficas que la policía antidisturbios reprimió con golpes y gas lacrimógeno. Según el texto, para el 27 de abril de 2018 ya se habían registrado 30 muertes.

La violencia perpetrada a civiles y otros asuntos generaron gran desconfianza hacia las autoridades, por lo que, según el trabajo, la participación en elecciones y referéndums bajó notablemente en países en los que la crisis social y económica demandan un cambio de perspectiva política.

SALUD PÚBLICA EN CRISIS

La edición del 2017 de Salud en las Américas, un resumen del panorama regional de la salud realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que los países que más invierten en salud pública son Cuba, Costa Rica, Uruguay y Panamá, que destinan entre el 6 y 10% de su Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que, Venezuela y Haití invierten menos del 2%.

¿El resultado? Entre 2017 y 2018, tal como refleja el Informe de Amnistía Internacional, se registraron miles de nuevos casos de cólera en Haití. Mientras que Venezuela se enfrenta a la peor crisis de salud y alimentaria de su historia: «la desnutrición en niños menores de cinco años aumentó rápidamente y las familias se han visto obligadas a reducir drásticamente la cantidad de alimentos que consumían. Además, adoptan estrategias de supervivencia, como vender sus objetos de valor, enviar a un miembro de la familia al extranjero o buscar comida en las basuras», destaca el informe realizado por la ACNUDH en junio de 2018.

Este trabajo está basado en 150 entrevistas con víctimas y testigos, debido a que el Gobierno venezolano no permitió que la organización tuviera acceso a su territorio. Las autoridades de ese país también se han negado a divulgar los boletines epidemiológicos semanales y el anuario sobre mortalidad.

Las recurrentes violaciones a los DDHH en la región trajeron como consecuencia un aumento significativo de migrantes, estas personas que huyen de sus países para librarse de la represión, la violencia, la discriminación y la pobreza y que «sufrieron nuevos abusos en sus viajes o al llegar a otros países de la zona», según señala el informe de Amnistía Internacional, en el que expresan que más de 21 millones de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares.

En respuesta a la crisis, Estados Unidos se plantea tomar medidas extremas como la construcción del muro que limite la frontera con México.

Según ACNUDH «más de 57.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero y muchos de ellos fueron obligados a regresar a sus países».

Países como México y Argentina recibieron muchas solicitudes de asilo, en el primero se eludieron muchas y, en el segundo, el proceso para la recepción de solicitantes y los planes de integración para ofrecer los derechos básicos son «insuficientes», según el mismo informe.

Venezuela entró en un quinto año consecutivo de recesión, la inflación de los precios del consumidor podría aumentar en torno al 14.000% antes de finalizar 2018. La pobreza en 2017 alcanzó niveles históricos al afectar al 87% de la población y, con fecha de marzo de 2018, ACNUDH indica que más de 1,5 millones de personas habían abandonado el país.

La última Asamblea General de la Organización de lo Estados Americanos (OEA) se celebró en el mes de junio en Cancún, México. Y, según el informe de Amnistía Internacional, «hubo una falta de liderazgo político para abordar algunos de los problemas de los DDHH».

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