Tierra quemada

Por el humo conocimos por dónde tiraba el fuego. No venía de ayer, ni de esta semana pasada, ni siquiera de la pira de este verano. No. La llama se avivó mucho antes sobre el rescoldo de las brasas de esta política de tierra quemada que destierra a los habitantes para, sin oposición, asentar en su suelo la pila que abastezca de electricidad a las industrias de las zonas ricas. La lumbre que ha cabalgado por montes y valles desde la Valdería a La Cabrera, el Bierzo y Picos, calcinado 120.000 hectáreas, desalojado 118 pueblos, acabado con el modo de vida de buena de sus habitantes y sepultado tres vidas, se acostó antes sobre las ascuas a la que han entregado a León la Junta y el Gobierno con el abandono premeditado del territorio. No han prendido ellos, pero han generado las condiciones para la expansión incontrolable de estos incendios.

Lo ha hecho la Junta, que se da golpes de pecho para tapar la incompetencia de su operativo, la precariedad laboral de los profesionales y la entrega a la especulación de las subcontratas que, en plena crisis, buscan por Infojobs peones especialistas para las brigadas, sin requerir experiencia. Por esta vía se van los alardes de inversión del presidente Mañueco. A su espalda resuena la soberbia con la que se despachaba en 2018 su consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, para sentenciar, frente a los expertos, que «mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro». No lo era. En otoño e invierno se saca el combustible que alfombra los montes y se limpian los caminos cegados por el abandono rural. Pero no renta. Lo sabe el Gobierno, que añade leña al fuego con su desidia, sus anuncios vacuos de comisiones de cambio climático que existen desde hace 7 años y sus pactos de Estado, a la vez que fomenta una legislación restrictiva que hurta los aprovechamientos para entregárselos a empresas privadas a costa de meter el monte en los pueblos, expulsar a los ganaderos y agricultores con su burocracia y azuzar a la Fiscalía para que investigue a los ayuntamientos, sin haber definido aún el marco general en el que inscribir los planes de prevención que demanda. Al final, la culpa habrá sido del pedáneo por no haber llamado a hacendera. Se veía venir por el humo que nos vendieron.