Diario de León

Alfonso García

Ciertas realidades

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La trágica muerte del temporero nicaragüense Eleazar Blandón, abandonado en un centro de salud, como consecuencia de una insolación, puso en alerta y sensibilizó a la sociedad. Ocurrió el primer día de agosto del pasado año. Pronto, sin embargo, el hecho pasó a los anales del olvido, quizá intentando enterrar marejadas de fondo más ásperas y realidades nada ejemplares. Todos sabemos que las crisis, encadenadas aquí en los últimos años, afectan de manera especial a las clases trabajadoras, que en nuestro caso las convierte en el tercer país europeo más pobre, con advertencias incluso de la obligatoriedad de respeto a los derechos humanos. Aquí, en tiempos de tanto bla, bla, bla. No olvidemos que somos fabricantes de picarescas, trampas y laberintos. Desde varias ópticas, sin olvidar los abusos sobre el derecho de los trabajadores a que se respete el cuidado de su salud sin injerencias en la independencia de los médicos en las decisiones sobre incapacidades o bajas laborales.

La precariedad laboral suele traer como consecuencia, aunque no siempre ni por parte de todos, situaciones de grave deterioro, incluso rozando los límites de la dignidad humana. También por parte de algunas empresas con barniz social y solidario. Me cuentan trabajadores de unas y otras situaciones que, por increíbles, producen indignación y sonrojo, por su cercanía a la esclavitud. Como suena, con las consecuentes secuelas sicológicas, al margen de las limitaciones económicas. ¿Será verdad que toda ley tiene sus trampas? El Estado, o las comunidades autónomas han de ser tan solícitos en la inspección de trabajo como lo son con la de hacienda. No vale solamente la recaudación, también, y sobre todo, la dignidad de los ciudadanos. Menos mangoneo en las altas y teóricas instancias del poder, más efectividad y respeto.

En este contexto hay un grave problema de fondo que, a mi juicio, empeora la situación: CEOE y sindicatos tienen mucho poder, pero engrasado con dinero público, a base de abultadas ayudas/subvenciones. Están cada día más amarrados por «ahí». Control y sometimiento. En el primer caso, por ejemplo, y según los técnicos, el fraude empresarial supera los 90 000 millones. Advertidos, por deducción, en el segundo de los casos, la afiliación sindical disminuye progresiva y notablemente. No crean que buscar espacios de poder sea una solución. La situación les obliga a otras exigencias. Se supone que el concepto de sindicato vertical está desterrado.

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