Errores graves del Covid-19
El cierre radical del mercado británico ha destruido en la práctica el año turístico español, ya que no solo los turistas del Reino Unido encabezaban el ránking de nuestros clientes, con más de 18 millones de visitantes anuales los tres últimos años, sino que marcaban la pauta a los otros flujos. Y lo absurdo del caso es que el fracaso definitivo ha llegado cuando ya habíamos conseguido doblegar la pandemia, reducirla a su mínima expresión, con un confinamiento duro y bien planteado.
Visto a cierta distancia, se advierte con claridad que el problema ha residido en la insidiosa insistencia de la oposición y de ciertas comunidades autónomas en concluir cuanto antes el estado de alarma, que supuestamente privaba de derechos importantísimos a la población.
Mientras en España, a partir del 14 de marzo, el Gobierno estaba obligado por su deseo de legitimidad y transparencia a prorrogar el estado de alarma cada quince días, para lo que tenía que vencer resistencias a veces miserables que nada tenía que ver con la pandemia (sino al contrario), el Consejo de Ministros de Italia decretó el estado de emergencia el pasado 31 de enero por una duración de seis meses, mientras que el Gobierno francés lo hizo el 23 de marzo durante dos meses. En ambos países se han producido sucesivas prórrogas con el lógico forcejeo pero con la naturalidad de quien sabía que se estaban entregando herramientas para resolver una gran tragedia.
Todavía resuena en nuestros oídos aquella hilarante afirmación de Torra, cuando dijo que si la Generalitat hubiera gestionado la epidemia hubiese habido menos muertos en Cataluña. A la vista está de lo que son capaces los próceres autonómicos cuando pueden gestionar sus propios problemas. Las CCAA no han reforzado la asistencia primaria (suya es la competencia) ni han formado las cuadrillas de rastreadores que habían de haber detectado los casos positivos, perseguido las cadenas de contagio y ordenado los confinamientos. A las autonomías se le ha ido el problema de las manos y hoy estamos en situación de transmisión comunitaria, es decir, sin control sobre la evolución de los contagios. Probablemente no volveremos a los niveles de infección por los que ya pasamos entre marzo y mayo, pero es evidente que hemos superado el umbral que los europeos considera seguro. La decisión de Londres es inamistosa, qué duda cabe, pero perfectamente explicable y justificable. En otras palabras, una vez conseguido lo difícil en el Estado, hemos fracasado en lo fácil en las autonomías.
El problema no encontrará un cauce real hasta que el Covid-19 esté médicamente controlado. El turismo y las limitaciones a la movilidad son básicamente incompatibles y no deberíamos destinar recursos a sostener negocios de momento inviables.