Editorial | El dinero de la minería evidencia el caos de la administración en España

El informe del Tribunal de Cuentas sobre los fondos para la reestructuración de la minería pone en evidencia claramente al sistema. Llama la atención que el arranque del problema se adjudica directamente al real decreto aprobado en 2007, cuando gobernaba un leonés en La Moncloa. Se creó un marco «ambiguo y escasamente riguroso, con deficiencias y debilidades que afectaron a la planificación, ejecución y justificación de las actuaciones, así como al control interno». La acusación al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) es clara y concreta. Pero la duda inmediata es cómo es posible que el Estado, con todo su aparataje, no ha sido capaz de corregir esto cuando era vox populi, y no sólo en las cuencas o en las provincias afectadas. Las noticias, las denuncias y los reportajes sobre la realidad de la ‘no reconversión’ del carbón son incontables, incluso en los medios de comunicación nacionales. De nada sirven ahora este tipo de informes. El daño está hecho y también un derroche milmillonario que nunca podrá recuperarse, algo lamentablemente habitual en los desaguisados que afectan a las cuentas de las administraciones españolas.

Ahora se nos puede asegurar, como dice el informe de Cuentas, que la selección de las infraestructuras a subvencionar no comportaba ningún examen de viabilidad de las actuaciones a financiar, ni se concretaban suficientemente los criterios de priorización y la documentación técnica a aportar en cada proyecto. Todo adjudicado a ese real decreto. Pero después hubo incluso un relevo en La Moncloa y además de ralentizar y recortar todo poco hizo el PP de Mariano Rajoy para paliarlo.

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