MIR en las residencias
La destrucción y el abandono de la sanidad pública no se consiguen de un día para otro. Hacen falta años de estrategia calculada para debilitar un sistema que garantiza la protección de la salud reconocida en la Constitución y está recogida en una Ley que fija su financiación pública, su universalidad y su gratuidad. Todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad.
El estéril debate sobre la apertura de nuevas facultades de Medicina no es más que una cortina de humo sin sentido, recurrente cada cierto tiempo, que incluso los propios actores de la iniciativa, como en el caso de León, han reconocido en otras ocasiones que no es necesaria. En España no hacen falta más facultades de Medicina, ni de Enfermería. Lo que hace falta son más puestos de trabajo, más plazas en las que estos profesionales puedan formarse y trabajar y ejercer su profesión en condiciones laborales competitivas no sólo en los hospitales sino en los ambulatorios rurales y centros de salud.
Para acceder a estos puestos hay que pasar un examen, el MIR (médico interno residente), una formación especializada que se ha recortado en los últimos años y que sí permite dar una salida laboral a los recién titulados.
Este fin de semana, los recién salidos de las facultades optan a una de las 11.112 plazas nuevas para Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Pasar este examen y la posterior formación, que se prolonga durante cinco años, abre la puerta al ejercicio profesional público y privado. Sin embargo, para trabajar como médico, médica, enfermera o enfermero en una residencia de ancianos no hace falta este requisito.
El envejecimiento y la dependencia aflora el negocio de fondos privados que gestionan residencias de ancianos ante la escasez de plazas públicas y concertadas, cada vez más necesarias. Los centros de mayores no dan abasto para atender a los residentes que, por su edad y sus problemas de salud, necesitan una atención continua y una vigilancia extrema. Las consultas de Geriatría de los hospitales tienen una larga lista de espera y pocos geriatras contratados. En la mayoría de los casos los mayores necesitan un seguimiento y un control de su evolución que, con una buena coordinación, haría innecesario el traslado desde el centro a una consulta en el hospital.
Hay que interconectar las residencias con los hospitales. Eliminar a los sanitarios de los centros de mayores es un error que no corresponde con la evolución real de la sociedad.
Los trabajadores sanitarios de las residencias tienen una responsabilidad y una carga de atención tan importante que la administración sanitaria debería buscar fórmulas para que haya formación MIR en Geriatría en los centros donde más personas mayores vulnerables hay, un cambio de paradigma que permitiría reducir las urgencias hospitalarias y las listas de espera.