Que no falte la educación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, tendrá que explicar mucho y muy bien sus palabras en la Asamblea de Madrid sobre el derecho a la educación. «Tenemos en la educación una política que consigue que ninguna familia se quede sin estudiar por motivos económicos, pero no podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema, si no, créanme que lo haría». Estas palabras me producen escalofríos. El derecho a la educación no es un «regalo» de la señora Ayuso, es un mandato registrado en el artículo 27.1 de la Constitución, que asegura la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica (artículo 27.4), y la obligación de los poderes públicos de garantizar un puesto escolar gratuito en los niveles básicos a través de la programación general de la enseñanza (artículo 27.5). Pero hay otros artículos en la Constitución que se relacionan de manera transversal con este derecho que la presidenta Ayuso quiere ahora interpretar como un «regalo». En la educación integral de las personas está también la obligación de los poderes públicos de promover la igualad y la libertad, la eliminación de los obstáculos que las dificulten y el libre desarrollo de la personalidad. Las competencias para que estos preceptos se lleven a cabo con normalidad corresponden al Estado y las Comunidades Autónomas, que se mantienen con dinero público. Ningún político, política, presidenta o presidente de comunidad autónoma o de Gobierno «regala nada» que tenga que ver con la educación o la sanidad. En su cargo va el mandato constitucional de que estos dos pilares básicos del estado del bienestar se cumplan tal y como manda la Carta Magna. Tampoco soy partidaria del «cheque al portador». La equidad consiste en favorecer a las personas según sus necesidades. El bono cultural del Gobierno de 400 euros, aunque tenga una finalidad loable, no es equitativo y llegará por igual a toda la juventud de 18 años, pero no todos lo necesitan. Habrá jóvenes para los que los 400 euros sean «un regalo» para mantener unos hábitos culturales que ya tienen y otros que por sus recursos necesitarían el doble. Los cines y los teatros no están tampoco repartidos de manera equitativa por todos los pueblos de esta España cada vez más desigual. Todavía no está claro cómo se entregará el dinero, que podría beneficiar a unas 490.000 personas con un coste de 200 millones de euros. Que la juventud tenga acceso a la cultura es una necesidad básica que, en mi opinión, no se consigue con cheques al portador generalizados, sino con servicios públicos gratuitos bien dotados en cualquier punto de la geografía. Está muy bien aportar un dinero para ayudar a las familias tras el nacimiento de una criatura, pero está mucho mejor destinar ese dinero a garantizar una red de guarderías y servicios públicos gratuitos.