Diario de León

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Que a las administraciones públicas se le ocurra otra vez confinar, aislar y prohibir la visitas a los mayores que viven en residencias sin tener en cuenta si hay o no contagios por coronavirus y otras posibilidades de organización interna sólo significa que han llegado a esta segunda ola sin los deberes hechos. Después de reuniones con los expertos desde junio, análisis de los datos y los contagios durante la primera ola de la pandemia, publicación de informes y de planes de contingencia, optan por una medida que sólo afecta a un sector de la población y que contraria a los derechos fundamentales. Confinar a los mayores y negarles el derecho a las visitas en una suerte de mal trato que ahora, afortunadamente, los tribunales no avalan. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le dice a la Junta que la prohibición de las visitas en la residencias de mayores produce «de facto» un confinamiento domiciliario de un sector de la población en todo el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. El tribunal argumenta que la medida se lleva a cabo de forma «indiferenciada, sin distinción de centros residenciales afectados o no por la enfermedad de que se trata, a diferencia de lo realizado en las medidas anteriores, entre municipios más o menos afectados por la enfermedad transmisible, lo que exige una ley que la posibilite con las garantías y exigencias de la doctrina constitucional sobre esta materia».

Vamos, que ya está bien de no respetar los derechos de las personas que viven en unos servicios a los que las familias recurren, y en muchos casos los propios mayores deciden, para recibir una buena atención sociosanitaria, imposible de brindar en los domicilios cuando la dependencia avanza. Una asistencia de calidad que merece más atención y apoyo por parte de la administración que no sea la decisión injusta de cercenar un derecho fundamental a una parte de la población que no puede defenderse. Y eso lo saben bien los profesionales que trabajan en las residencias, que se esfuerzan por ofrecer una asistencia de calidad, que conocen a cada residentes por sus nombre y apellido, por sus necesidades, por sus dolencias, por sus miedos. Hay que proteger la vida de los mayores y hay que vigilar por sus derechos. Sanidad ha movilizado a los equipos covid. Para Familia ahora no debería haber nada más prioritario que tomar medidas imaginativas y competentes en este complejo mosaico que nos deja la pandemia. Ya sabemos las consecuencias del confinamiento de los mayores: soledad, demencia y pérdida de calidad de vida. ¿No hay nadie que ofrezca otra cosa?.

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