Editorial | La factura eléctrica asesta otro golpe a un sector hostelero muy castigado

Los cinco mil establecimientos hosteleros de la provincia son, quizá en mayor medida que los ciudadanos a nivel particular, en incluso que las grandes compañías, los grandes paganos del disparatado precio de la electricidad. El incremento lineal medio de entre 300 y 400 euros en la factura mensual no adquiriría tintes de dramatismo si al menos no fuera porque supone el tercer gran mazazo para el sector tras los dos asestado por las restricciones de la pandemia.

Pese a las medidas aprobadas por el Gobierno —rebaja del IVA del 21% al 10% y suspensión temporal en el tercer trimestre del impuesto a la generación eléctrica (7%)—, el precio de la electricidad en el mercado mayorista sigue en niveles insólitamente altos para estas fechas. España cuenta con recursos naturales para producir electricidad y, desde esa certeza, no es entendible que el ciudadano, el autónomo o el empresario se vean obligados a pagar una de las facturas de la luz más altas de Europa. Es sabido que detrás de la escalada está sobre todo el encarecimiento del gas en los mercado internacionales y de los derechos de emisión de CO2, en máximos históricos. Y también que no sirve de alivio el proyecto de ley que persigue minorar los beneficios de centrales eléctricas hidráulicas, nucleares y eólicas de antes de 2003 para aligerar el peso de la factura para consumidores e industria.

En esta situación parece necesario, más allá de que se investigue el escandaloso incremento de los últimos meses, aplicar medidas urgentes, específicas y más eficientes que atenúen el impacto en general y en particular en el sector hostelero, especialmente agraviado por la sucesión de las circunstancias que lo han llevado a una situación extremadamente crítica.