Editorial | El agua debería consensuarse

El rechazo que lidera la Junta hacia el Plan Hidrológico del Duero, que comparten las asociaciones agrarias y de regantes, exhibe un doble problema. El Duero y sus afluentes están básicamente en territorio de Castilla y León, y por lo tanto sería razonable e imprescindible que trabajasen de la mano el gobierno de la comunidad autónoma y el ente gestor de esa cuenca. Y, en un territorio eminentemente agrícola, también habría que exigir una coherencia en la puesta en marcha de normativas que serán decisivas para conseguir mantener las producciones y para animar a las personas del mundo rural a seguir trabajando el campo. Pero en el documento que recibirá el voto contrario de la Junta parece que se priorizan los criterios ecológicos por encima de la realidad que plantea la vida de los ciudadanos, que precisan el agua como elemento clave para poder desarrollar sus actividades.