Editorial | El ahorro energético es cuestión de Estado

A solo 48 horas de la aplicación del Real Decreto de las medidas de ahorro energético el Gobierno central convoca a las Comunidades Autónomas para consensuar una regulación de impacto que tiene los tintes de improvisación y de imposición que ya son habituales en la política de la Moncloa. Como en otras muchas cuestiones, Pedro Sánchez apela a la «responsabilidad» con los socios europeos, pero no se apresta a negociar las instrucciones para reducir el consumo eléctrico con los ejecutivos autonómicos. Cinco de ellos —Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia—, han pedido su retirada y se han llevado de vuelta la posibilidad de aportar propuestas hasta el 31 de agosto que, por supuesto,

no pueden incluir la vuelta al uso del carbón para generar energía o la ampliación de la vida de las centrales nucleares, como ya se apresuró a aclarar ayer la vicepresidenta Teresa Ribera. Pero lo que más sorprende es que de aquella postura de que España «ha hecho los deberes» y las críticas a que Bruselas actúa por su cuenta, se ha pasado a la solidaridad con el resto del continente. En cualquier caso, un plan de este calibre exige un pacto de Estado y una planificación exhaustiva que no caiga víctima de los «matices».