Editorial | El bloqueo de las ayudas a hosteleros ratifica el caos legal que sufre España

El parón total que se inició anoche en amplios sectores de la economía de Castilla y León llega con polémica. Hostelería, centros comerciales y gimnasios se sienten ‘criminalizados’ después de muchos meses de esfuerzos para conseguir que sus establecimientos fueran seguros. Pero a todo esto se suma un inconveniente que agrava los perjuicios. El Gobierno aprovecha una argucia legal para dejar a los profesionales de bares y restaurantes de la Comunidad sin ayudas, ya que los casi 460 euros de prestación extraordinaria han sido limitados para un bloqueo absoluto del sector, y el permiso para distribuir a domicilio se convierte de este modo en una trampa.

Es un nuevo golpe a una hostelería que sufre incontables cierres después de muchos meses de inacción y de actividad a medio gas durante el verano, y que ahora vuelve a ser ‘confinada’ sin siquiera una posible fecha de reapertura. Las quejas fueron ayer evidentes ante las Cortes autonómicas y en otros lugares como Ponferrada, donde unos 600 profesionales denunciaron la grave situación a la que se les aboca.

Todo esto en un clima de creciente incertidumbre. La pandemia arrecia pero el contexto de contradicciones entre administraciones y de trampas legales de todo tipo exhiben una vez más que las cosas se hacen con precipitaciones y sin un mínima cohesión. Ahora, Madrid —con toque de queda sólo desde las doce y con hostelería abierta— mejora sus cifras de día en día. Las comparaciones siempre son peligrosas pero al menos cabe la duda de si se sigue actuando por impulsos sin consistencia.