domingo 25/10/20

Editorial | El cierre térmico obliga a un ejercicio de justicia a empresas y administraciones

Hoy concluye el plazo para que las compañías eléctricas acometan las reformas exigidas por Europa para mantener la producción y a esa fecha llegamos con la certeza de que las condiciones reales y la definición del futuro del sector se resolverán con el doloroso coste —laboral, social y económico— que sin duda supone el cierre definitivo de las térmicas de La Robla y Compostilla para dos comarcas —Montaña Central y el Bierzo— históricamente vinculadas a la actividad.

En ese escenario sobre el que cierne cierta nostalgia y no pocos temores, la Junta pide al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que ponga en marcha «instrumentos de desarrollo económico» para las cuencas mineras. Eso pasa sin duda por el aprovechamiento de infraestructuras energéticas para proyectos generadores de energía; la atracción de iniciativas empresariales que compensen el empleo destruido y el desarrollo de compañías locales con el apoyo de las eléctricas. Es una demanda avalada por la fuerza de la razón, porque lo mínimo que cabe exigir a las empresas, que tanta riqueza generaron en su favor, es que compensen el sacrificio y la generosidad de los que se han beneficiado definiendo y ejecutando procesos tangibles de reindustrialización del territorio en el que abandonan su actividad.

Y deben hacerlo, además, colaborando con las administraciones públicas no sólo para minimizar del impacto económico por el cese de actividad, que es la obligación moral de unas, sino estimulando procesos de reindustrialización e iniciativas de desarrollo del territorio, que es la responsabilidad de las otras, aportando recursos económicos a los proyectos seleccionados para su implantación, con una cuantificación real de los empleos y una estricta vigilancia del cumplimiento de los compromisos. Porque se trata no sólo de minimizar el impacto sobre el empleo —al menos 300 en cada caso— y en la actividad económica de esas comarcas

—más de tres millones de euros de IBI—, sino de impulsar la consolidación de pymes locales para su crecimiento a través de apoyo técnico y financiero con recursos públicos y la contratación de trabajadores desempleados, prioritariamente procedentes de empresas extractivas, térmicas y auxiliares del sector, que son colectivos con graves dificultades de acceso al mercado laboral y muy afectados por un cierre minero en general demoledor para esta provincia.

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