Editorial | Conductores y peatones se adaptan a las nuevas exigencias de circulación

Hace algo más de un año que la capital leonesa se adelantó en la aplicación de la normativa que restringe la velocidad de los vehículos en buena parte de las calles del caso urbano a 30 kilómetros por hora. En este tiempo, el balance se traduce en una reducción de los atropellos (como pretende la norma) de un 10%, pero sobre todo en una sustanciosa renta para las arcas municipales en forma de multas. Casi 6.500 por incumplir un límite que en buena parte de las vías se antoja caprichoso e innecesario, por más que los estudios encargados para respaldar la medida, y la normativa establecida para aplicarla, incidan en que es necesario para alcanzar los objetivos de reducción del ruido, la contaminación y la siniestralidad en los que se ampara.

Con todo, la implantación de León Ciudad a 30 tiene aspectos positivos. Ha servido por ejemplo para concienciar a los peatones de que la responsabilidad en la reducción de la siniestralidad no está sólo en manos de los conductores.

En todo caso, y aunque beneficie fundamentalmente a la recaudación, la aplicación de la normativa que reduce hasta el extremo la velocidad a la que circulan los vehículos en las ciudades es una imposición que sólo cabe acatar. Que sirva al menos para mejorar el bienestar de los ciudadanos en lo que a ruido se refiere eso está aún por medir. Será el siguiente paso.