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Editorial | Un decreto que debe conducir a la ejemplaridad en el empleo público

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La aprobación por parte del Gobierno de un decreto ley para reducir la temporalidad del sector público por debajo del 8% abrirá un proceso de estabilización de esas plazas estructurales ocupadas interinamente. De la magnitud del problema dan cuenta dos referencias importantes: los 20.000 trabajadores temporales que en estos momentos desarrollan su actividad en Castilla y León, de los que más de una cuarta parte, concretamente 5.524, lo hacen en la provincia, lo que supone un 26,6% de todos los empleados de las administración pública.

El nuevo decreto establece para se aplicación una duración máxima de tres años a la relación de interinidad entre trabajador y empresa, con la obligación de convocar la plaza que se está ocupando provisionalmente. Y es precisamente en ese punto en el que surgen el debate y la controversia. Y, para evitarlo, también la necesidad de un equilibrio entre el conocimiento y el talento, y entre el derecho de los trabajadores interinos que llevan treinta años en la administración frente al de todos los ciudadanos a tener igualdad de oportunidades de acceso y garantizar unos conocimientos adecuados.

Es evidente que el objetivo de esta reforma, que se anuncia como la última posible para el sector público, debe ser mejorar la figura del personal funcionario interino, definir todas las causas que pueden revocar el contrato y equiparar sus derechos con los del funcionario. No puedo obviarse que son precisamente las administraciones autonómicas las que, forzadas por la prestación de los servicios sanitarios y educativos, tienen una mayor temporalidad, que la última EPA fijaba en el 30,4%, es decir, un millón de trabajadores temporales frente a menos de dos y medio de empleados fijos. El sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad, pero también en el privado, porque el empleo fijo debe ser la tónica general y el temporal sólo para soluciones estructurales.

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