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Editorial | El difícil equilibrio de la valoración de las incapacidades laborales

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Calibrar el alcance de las dolencias de los trabajadores para ejercer su actividad laboral es una de las principales fuentes de conflicto en la relación entre las administraciones y los empleados. A menudo el derecho a preservar las condiciones de salud se ve enfrentado a los intereses de las empresas, que ven en muchas bajas laborales uno de los principales motivos de la falta de productividad. La línea entre las legítimas bajas laborales y el absentismo es motivo frecuente de enfrentamiento, máxime cuando intervienen además las mutuas, como se ha venido denunciando por parte de los sindicatos desde hace años. La independencia de los médicos a la hora de determinar qué situaciones son susceptibles de decidir o mantener una incapacidad temporal se pone a menudo en juicio.

Ahora la Asociación de Víctimas de Decisiones Arbitrarias de la Administración Pública Española pone sobre la mesa que en el caso de la provincia los tribunales han rechazado más de 400 decisiones en las que los Equipos de Valoración de Incapacidades habían optado por que los afectados volvieran a desarrollar su actividad laboral. Los juzgados han determinado en esos casos que los trabajadores tenían razones de salud justificadas para seguir de baja.

La asociación surge con el objetivo de hacer frente a la indefensión de los ciudadanos frente a unos poderes públicos cuyas decisiones, acertadas o no, resultan incontestables por otras vías que no sean las judiciales.

No cabe duda de que en buena parte de los casos la valoración de cuándo se está en condiciones de volver a realizar determinados tipos de trabajo tiene un elevado componente de subjetividad, que sólo puede ser medido por los profesionales médicos. Frente a los inevitables abusos se impone el legítimo derecho de los trabajadores a que se respete el cuidado de su salud. Esos casos minoritarios no pueden ser nunca argumento para que desde los empleadores se impongan mecanismos de presión que lleven a cometer errores e injusticias como los que denuncia esta asociación, implantada a nivel nacional.

En cuestiones de salud es únicamente el criterio médico el que debe prevalecer. En todo caso, disponer de una organización en la que asesorarse y apoyarse ante cualquier duda es una garantía para los derechos de los ciudadanos y los trabajadores.

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