Editorial | Falta de cintura en la organización judicial
La carga de trabajo de los juzgados de lo social prácticamente no había comenzado a disminuir con el breve período de recuperación tras la llamada Gran Recesión cuando los efectos económicos de la pandemia del coronavirus sacuden de nuevo su capacidad. Una sacudida que es sólo el principio de un aluvión de casos que se espera para los próximos meses, cuando se haga evidente que muchos negocios no son capaces de resistir la parálisis económica y, sobre todo, cuando las medidas puestas en marcha desde las administraciones, tanto los expedientes de regulación temporal de empleo (con sus sucesivas prórrogas) como los aplazamientos de pagos de impuestos y el vencimiento de los créditos (los convencionales y los ICO) pongan sobre la mesa la situación real de muchas empresas y autónomos.
La capacidad de reacción de la administración de justicia a estas necesidades no se caracteriza tradicionalmente por su agilidad. Y si a esta falta de cintura se añade el lastre de un prolongado periplo burocrático y de permisos para avanzar en cualquier sentido el resultado no es otro que la incapacidad para responder con solvencia a las necesidades de la sociedad. Incluso en momentos excepcionales, como el actual.
Las largas demandas de más medios de la Justicia en la provincia han logrado que se apruebe la puesta en marcha de un nuevo juzgado de lo Social, pero la previsión es que no entre en funcionamiento hasta final de año. La actual planificación de obras en los juzgados de Sáenz de Miera no incluye la preparación de las instalaciones de este juzgado, así que habrá que esperar a un nuevo proyecto de mejoras en el edificio. Ya que la urgencia económica lo demanda, ¿es realmente imposible acondicionar y dotar unas instalaciones, aunque sea con carácter temporal, para atender la necesidad?