Editorial | Fondos para las cuencas sin discriminación

Hay cierta preocupación en los ayuntamientos de las cuencas mineras por los criterios que pueden condicionar la llegada de inversiones para financiar los Convenios de la Transición Justa. La inquietud que expresan municipios como el de La Pola de Gordón se basa en la posibilidad de que se aplique el requisito de afrontar con sus arcas municipales el 20% de la inversión de los proyectos que desembarquen por esta vía, una premisa que, en el caso del ayuntamiento gordonés y de otros en su misma situación económica, es inviable si se tiene en cuenta que su tesorería está devastada tras el cierre de las minas. Su temor, justificado, es que los proyectos recalen en otros municipios más saneados, como los que tienen en su entorno centrales térmicas cuyas licencias de obras dejarán un pago suntuoso a los consistorios.

Es cierto que las condiciones aún no están cerradas, pero precisamente por ello el Instituto para la Transición Justa deberá considerar cuáles son las circunstancias financieras de cada ayuntamiento y evitar que se produzcan discriminaciones por esta causa a la hora de acceder a los fondos, pues bastante es ya el castigo que sufren las cuencas con el cierre desordenado del sector de la minería como para que se les exija un desembolso que no pueden afrontar. Ya se sabe que de los 17.500 millones de euros del Fondo de Transición Justa que aprobó la Unión Europea la semana pasada, los territorios mineros españoles apenas van a ver 800 millones y que el lema es ‘Que nadie se quede atrás’. Pues eso.

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