martes 21/9/21

Editorial | Injusta, insolidaria y muy irresponsable actitud de Diez ante la deuda de Gersul

El Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Gersul), que llegó a acumular una deuda de veintitrés millones con la UTE Legio VII, adjudicataria del servicio, hizo un ejercicio de responsabilidad —la que faltó en la gestión que condujo a esa situación— y dio un paso muy importante para resolver el problema. Lo hizo afrontando el pago, mediante créditos bancarios, de trece millones de euros correspondientes a deudas arrastradas desde los años 2009 y 2010. El problema para la Diputación, que lidera la gestión de Gersul, es que los bancos se niegan a conceder nuevos créditos para poder liquidar esos otros diez millones restantes por la imposibilidad de avalarlos. Y eso en un escenario de enorme presión financiera por el insoportable peso de la orden judicial para ejecutar el pago.

Es, queda claro, un conflicto devenido de mandatos anteriores que genera en intereses un coste inasumible a más largo plazo —30.000 euros mensuales— y que obliga a buscar una solución definitiva para normalizar la situación, el servicio actual y el que se exija para el futuro.

Todo parecía indicar que con gobiernos monocolor en la Diputación y en los tres grandes ayuntamientos de la provincia el entendimiento estuviese garantizado y las soluciones fuesen más fáciles. Sobre todo desde una propuesta razonable como la lanzada por la institución provincial, a partir de la asunción de un reparto proporcional del pago de esa deuda: 52% la propia Diputación, 27% el Ayuntamiento de León, 14% el de Ponferrada y casi un 7% el de San Andrés.

Pero la sorpresa la protagonizó de nuevo el gobierno municipal de León, o más directamente su alcalde, José Antonio Diez, que no sólo no acepta esa razonable propuesta —a cuyo cumplimiento obliga el acuerdo mayoritario de la asamblea, en la que tiene representación—, sino que amenaza con derivar el conflicto a la vía judicial de lo contencioso-administrativo, con la demora que eso supone.

Si ese mismo alcalde exige a los ciudadanos un estricto cumplimiento de la norma, debería entender que la obligatoriedad tiene dos direcciones. Y que no puede erigirse en envalentonado paladín de la defensa —justa— de León y los leoneses ante un ministro atónito y a la vuelta de la esquina protagonizar un ejercicio de injusticia e insolidaridad ante esos mismos ciudadanos y las instituciones que actúan con responsabilidad.

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