Editorial | La ley educativa exhibe la falta de previsión y el déficit de diálogo

La polémica Ley Celáa está sobre la mesa en Bruselas para que la Unión Europea se pronuncie sobre si se adapta a los parámetros de libertad que exigen las autoridades comunitarias. Y desde ayer ingresó en la agenda del Tribunal Constitucional al ser admitidos a trámite los recursos planteados por el Partido Popular y Vox. Es el plano legal de un conflicto que también está presente en toda la estructura del sistema educativo, que afronta la puesta en marcha de una ley que fue tramitada con una urgencia inusitada y con una falta absoluta de diálogo con los sectores implicados sin precedentes. El ansia por conseguir implantarla ya para el próximo curso llevó a una tramitación saltándose todo lo que sería razonable para una legislación de algo tan fundamental como la educación. De nuevo, se optó por el camino erróneo, el que ha hecho fracasar a las sucesivas leyes educativas de la Democracia en las que se ha apostado por la unilateralidad. Ahora emergen ya problemas concretos cuando llega la hora de ponerla en marcha. Y la ruptura en la comunidad educativa se hace evidente. Los partidarios de que se busquen unos mínimos niveles de conocimiento chocan una vez más con los que prefieren un sistema que facilite la promoción de los chicos para que acaben los cursos, sin que exista tampoco ninguna baremación en los distintos niveles. Lo peor de todo esto es que se está abriendo una grieta incluso entre territorios, ya que muchas competencias son de las autonomías y el rechazo es muy fuerte a las aspiraciones que pretende implantar Celáa en la enésima contrarreforma del sistema.

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