EDITORIAL | Una nueva ley garantista que ordena la caza y la hace sostenible y más segura

La Ley de Caza de Castilla y León, que entró en vigor el lunes y que empezará a aplicarse este fin de semana con la apertura de la media veda, será a partir de ahora el marco de referencia para la gestión de los cotos. El objetivo prioritario es asegurar el aprovechamiento sostenible y ordenado de las especies cinegéticas a partir de limitaciones de la actividad por días y el registro de capturas como un sistema de obligado cumplimiento, tanto por el cazador como por el titular cinegético. Ese control de capturas, que incluso podrá realizarse a través de una aplicación móvil y que obliga a detallar cada una de las piezas capturadas, y las estrictas medidas de seguridad que detalla la ley en torno al uso de armas, deberán garantizar el equilibrio medioambiental y la seguridad, tanto para los propios cazadores como para quienes tienen en el campo su medio de vida o su escenario para el ocio y le deporte.

No exenta de polémica e incluso trabada judicialmente en su proceso de desarrollo, la Ley de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León ha acabado convirtiéndose en una referencia normativa para la actividad, avalada políticamente en su aprobación en las Cortes sin ningún voto en contra y con los apoyos explícitos de todos los grupos, salvo el de Podemos, cuya abstención es también significativa. Lo importante ahora, en vísperas de su aplicación práctica, es que establece nuevos instrumentos para permitir un exhaustivo control poblacional de las especies, elimina riesgos y contribuye a mejorar la seguridad de las personas, define actitudes para evitar o minimizar efectos obre la agricultura y establece, bajo la figura de emergencia cinegética, la posibilidad de actuar en casos de importantes daños o peligro por sobreabundancia de especies concretas.