Editorial | Un nuevo incumplimiento del Gobierno, una nueva humillación para las cuencas
En un mes se cumplen dos años del cierre de las minas por mandato europeo. Aquel 31 de diciembre de 2018 llegó con un sector agónico sin preparación para finiquitar la actividad de forma ordenada y con unas cuencas impotentes que contemplaban el declive de la minería sin recursos y sin posibilidad de reacción tras el fracaso de los sucesivos planes para la reconversión. Las promesas de entonces para recolocar a los casi 200 trabajadores que se quedaron sin empleo en las cuencas leonesas y palentina a través, principalmente, de la restauración de los espacios degradados por la minería no se han cumplido. Los sindicatos dicen que siguen en la lista los mismos que se apuntaron pero no es del todo cierto porque algunos de ellos, de hecho, han abandonado su casa para buscarse la vida lejos de León. Quienes en su día exhibieron triunfantes el acuerdo marco alcanzado con el Miteco piden ahora reuniones urgentes porque se acaban las prestaciones sociales y no hay plan alternativo que llevarse a la boca.
El incumplimiento del Gobierno central con los exmineros es flagrante, una nueva humillación para las comarcas mineras que ya se hartan de oír aquello que tanto le gusta repetir a la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de la «deuda» que tiene la sociedad con los territorios que entregaron la vida y la salud de muchos de sus jóvenes para abastecer de energía a este país.
Se acaba de firmar, es cierto, un nuevo protocolo de actuación para el desarrollo de los Convenios de la Transición Justa pero, como dice el presidente de la Asociación de las Comarcas Mineras, Mario Rivas, la prioridad hace dos años era la recolocación de los mineros para aliviar la situación de las familias que se quedaron desamparadas tras el cierre de las minas. Ahora lo urgente es alargar las prestaciones sociales, una responsabilidad directa del Gobierno central puesto que ha faltado a su palabra de no dejar tirados a los trabajadores. Hay reunión el día 15 con el Instituto para la Transición Justa. El asunto estará sobre la mesa. No sobre la mesa, por cierto, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que sigue dando largas.
«Se han reído de nosotros a la cara», asegura uno de los afectados. Y tiene razón.