Editorial | El órdago de Castilla y León sobre el horario gana apoyos y doblega a Illa

El lamentable espectáculo vivido en las últimas jornadas con el desencuentro entre la Junta y el Gobierno central sobre el horario del toque de queda parece abocado a un final impulsado por los apoyos llegados desde otras autonomías. Poco a poco se van sumando pronunciamientos a favor de ese polémico cambio que supone adelantar el cierre del tránsito de personas a las 20.00 horas frente a las 22.00 h. previsto en el decreto estatal. De momento la confusión sigue, ya que el propio Gobierno está dilatando las cosas al tramitar su recurso sin usar los cauces de máxima urgencia. Todo apunta a que ha optado por el ‘mal menor’. Como ya lo hizo el fin de semana cuando el sábado —día de entrada en vigor de la norma autonómica— sacó a la policía para hacer cumplir la legalidad aunque no estaba de acuerdo con ella. Ahora, parece evidente que es conocedor del creciente número de comunidades que quiere el cierre a las 20.00 horas. Pero no puede dejarlo pasar sin recurrirlo, tanto por razones políticas como por cuestiones jurídicas puesto que no sería admisible que un Estado no alegase contra una norma que cree ilegal, ya que podrían incurrir sus dirigentes en responsabilidad jurídicas al tomar decisiones a sabiendas de que no se ajustan a derecho. Por ello, parece lógico este recurso con la ‘boca pequeña’, esa fórmula de pedir su anulación pero sin agilizar los trámites a la espera de que mañana, en el Consejo Interterritorial de Salud, pueda llegar a una solución consensuada por el ministro Salvador Illa y las autonomías que zanje la cuestión sin hacer más sangre.

En todo caso, la inseguridad jurídica de estas jornadas es evidente. Y también los problemas para las personas y las empresas que no saben muy bien a qué atenerse. De nuevo se ha actuado sin coordinación, con precipitación, dando un pésimo ejemplo a los ciudadanos y con afanes que van más allá de la emergencia sanitaria que vivimos. Por delante se abren otros debates. Empiezan a surgir voces que se preguntan por la seguridad que ofrecerán unas calles totalmente vacías a quienes de vuelta de trabajos o estudios tengan que recorrerlas.