Editorial | Parches al atasco judicial que no resuelven los problemas de fondo

El Gobierno aprobó tras el fin del confinamiento por el coronavirus un real decreto con un amplio paquete de medidas que pretendían agilizar el atasco acumulado por los órganos judiciales, con el objetivo de liberarlos de cara al aluvión de causas que se esperan en los juzgados con motivo de la pandemia. Entre estas medidas se decretó el mes de agosto como hábil para resolver asuntos pendientes. Una medida que contó con la oposición de los profesionales, y que no ha tenido efectos en la práctica a la hora de liberar la pesada carga de atrasos que acumula la justicia.

Incluso los máximos órganos judiciales recomendaron a los profesionales de la justicia que limitasen las vistas en agosto, y utilizaran este mes preferentemente para coger sus vacaciones.

El engranaje judicial se paralizó durante los meses del confinamiento, y no ha sido posible adelantar trabajo con la medida decidida por el Gobierno. Si al atasco histórico de la justicia se añaden con la vuelta a la actividad normal las causas que se esperan, el retraso en las decisiones judiciales puede alcanzar límites insostenibles.

Si los profesionales no han querido apoyar con su trabajo durante el mes de agosto esta decisión es porque siguen exigiendo medidas que realmente aborden los problemas de fondo de la justicia. Crear nuevos órganos judiciales y aumentar las plantillas actuales son las dos principales exigencias; y no parece que vayan a ser atendidas por el momento. El resto son parches que no afrontan la situación real.