Editorial | Peligro para los funcionarios de prisiones

Las quejas del colectivo de funcionarios de prisiones son reiteradas desde hace mucho tiempo. No se repone el personal y la situación se hace cada día que pasa más dura e insegura. El caso de Villahierro, la cárcel provincial leonesa, es un buen ejemplo sobre esa situación de dejadez desde el Gobierno central que probablemente debería dar una explicación sobre esto a unos trabajadores que viven con una sobrecarga, con un estrés y con un riesgo cierto que se endurece aún más cuando no se dispone de la plantilla necesaria. Ahora, el Estado, dentro de su gran oferta de empleo público incluye un total de 1.084 plazas para las prisiones españolas. El primer problema es obvio, se abre un largo proceso que incluirá muchos meses hasta que los nuevos funcionarios se incorporen a los puestos. Pero los representantes de los trabajadores lanzan una alerta. Esas plazas son ya insuficientes para las necesidades existentes a día de hoy.