Editorial | Unos Presupuestos que no resuelven las necesidades esenciales de León
Habían anunciado el presidente del Gobierno el pasado sábado en Ponferrada y el delegado en Castilla y León el martes en la capital que el Incibe y la Ciuden capitalizarían la asignación en los Presupuestos Generales del Estado en León. Y es cierto en cuanto que el Incibe recibirá 186 millones de euros a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia —frente a los 250 el año pasado— y la Ciuden otros 9,3.
Lo que no dijeron Pedro Sánchez ni Javier Izquierdo es que el gasto inversor para la provincia en nuevos proyectos iba a ser de cero euros sobre una asignación provincializada de gastos generales de 206,6 millones, de los 997,5 que corresponden a Castilla y León en el reparto autonómico de algo más de 13.000.
La realidad, más allá de los 103,5 millones en infraestructuras ferroviarias y del barullo de esas cifras y otras cifras —hay que sumar 9,4 más del capítulo habitualmente generoso de regadíos para los canales de Velilla, Alto de Villares y Presa de la Tierra, pendientes del año pasado, y 12,1 para rematar el del Páramo, al margen de Payuelos—, es que las infraestructuras —A-76
y A-60 en concreto— se quedan con sólo partidas recurrentes de 100.000 euros en el ámbito provincial, a los que hay que sumar, eso sí, 9 millones previstos para las bonificaciones al transporte en la AP-66. Un asunto, este de la carestía de los peajes en las vías de alta capacidad en la provincia, que seguirá levantando ampollas en León y Asturias por el enorme agravio respecto a otros territorios y la falta de compromisos.
Dejando al margen lo que corresponda a la provincia para el desarrollo de las cuencas mineras en el contexto de la Estrategia para la Transición Justa, lo cierto es que en los Presupuestos Generales del Estado hay olvidos flagrantes para el patrimonio en general y, en el ámbito de los servicios sociales, para la Ciudad del Mayor en particular. Olvidos que se están convirtiendo en crónicos en muchos aspectos para esta provincia, muy necesitada de resolver retrasos históricos en infraestructuras básicas y servicios esenciales para los ciudadanos que contribuyan a contener la sangría poblacional y un empobrecimiento laboral y económico galopante. Y no parece que ni los presupuestos ni las políticas generales del Gobierno vayan a poner freno a una situación ya desesperante.