jueves. 07.07.2022

Editorial | Renta Garantiza de Ciudadanía, una medida protectora, solidaria y justa

El Consejo de Cuentas presentó ayer a Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León los informes de fiscalización de la Renta Garantizada de Ciudadanía. La auditoría tiene como objetivo valorar el cumplimiento de la finalidad de las prestaciones otorgadas y el nivel de eficacia y eficiencia alcanzado en la utilización de los recursos disponibles. Y aunque los datos fiscalizados sólo alcanzan hasta el año 2015, el contraste de los relativos a 2011, cuando empezó a pagarse —la prestación se aprobó en 2010— con los conocidos de 2020 relativos a la provincia demuestran el éxito y la progresión de una iniciativa que, vista con la perspectiva del tiempo, tiene una carga de solidaridad y justicia que la hacen ya imprescindible, especialmente en las circunstancias a las que se enfrentan ahora muchas familias y que vienen a retratar una situación social muy similar a la de la anterior crisis económica.

De la previsión de gasto para este año —y ya son cifras que están fuera del informe fiscal presentado ayer— una cuarta parte lo asume la provincia: de los 80 millones a los que se eleva la estimación, 20 corresponden a León, frente a los 7,2 del año 2011. Y los beneficiarios en esa misma relación temporal pasan de ser 1.334 a 3.065

La finalidad de la RGC es proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en situación se exclusión social. Y a ella se suma ahora el Ingreso Mínimo Vital, una prestación suelo de ámbito estatal compatible con las que las comunidades autónomas conceden en concepto de rentas mínimas, tanto en términos de cobertura como de generosidad, como medida protectora para ajustarla a las peculiaridades del escenario social. En esa necesaria adecuación a la realidad y a la vista de la experiencia demostrada, es más que razonable que Castilla y León insista en reclamar la gestión del IMV por parte de la Junta en los mismos términos y condiciones que el País Vasco y Navarra, garantizando así la igualdad entre las personas, sea cual sea su territorio de procedencia, y que la disminución de gasto que pueda producirse se destine a incrementar las prestaciones sociales a la vista de las nuevas situaciones de pobreza causadas por la pandemia.

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Editorial | Renta Garantiza de Ciudadanía, una medida protectora, solidaria y justa
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