jueves. 02.02.2023

Una fábrica de decepcionados

Tres juristas de prestigio han puesto el dedo en la llaga en las últimas semanas. Tomás Ramón Fernández, catedrático emérito de Derecho Constitucional se pregunta «quién tiene la ‘autoritas’ para sentar en una mesa a Sánchez y Feijóo» y anuncia que el Colegio Libre de Eméritos va a publicar un libro que se titula «España, democracia menguante». Juan José López Burniol afirma que «los españoles están esperando un líder que les hable desde la verdad». Y, finalmente, Manuel Aragón, exmagistrado «progresista» del Tribunal Constitucional, señala que «ahora, cualquier medio vale para mantenerse en el poder».

El diagnóstico es compartido por muchos y resume de alguna manera esa «democracia menguante» que vivimos en las que el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial son un mercado de votos y de vetos, el Parlamento no existe como tal porque está fagocitado por el Ejecutivo y avala la mala praxis de muchas de las leyes que aprueba, quien hoy preside el Gobierno está dispuesto a ceder lo que sea preciso para no abandonarlo, los ministros no dudan en atacar a los jueces y en no respetar sus sentencias, los partidos están divididos en facciones, se superan sin rubor límites constitucionales infranqueables, la mentira campa a sus anchas, las empresas públicas —y en ocasiones algunas privadas— se instrumentalizan al servicio del poder y los servicios públicos se deterioran progresivamente.

¿Es de extrañar que los ciudadanos, que son los que sufren las consecuencias de todo esto y de una economía que les va ahogando, estén decepcionados y cada vez miren con mayor recelo y desconfianza a los políticos? ¿Se va a primar el camaleonismo que permite sostener una posición hoy y la contraria mañana sin ni siquiera ruborizarse? ¿Nadie va a denunciar que el revanchismo impulsa la mayoría de las políticas que se están poniendo en práctica? ¿Nadie va a hacer nada para restaurar la seguridad jurídica y esa confianza social que es imprescindible en cualquier sociedad?

He escuchado a la ministra de Igualdad decir que era «previsible» lo que está pasando con las revisiones de condenas a violadores y agresores sexuales y la puesta en libertad de decenas de ellos y echar, de nuevo la culpa a algunos jueces poco competentes y mal formados, excluyendo eso sí «a las juezas», gracias a las cuales todo va mucho mejor. Y de cambiar la ley, «nada de nada». También ha dicho que los Ministerios de Interior y de Igualdad están «permanente y perfectamente coordinados», pero ha reconocido que hace veinte días le pidió una reunión urgente al ministro Marlaska ante la ola de asesinatos de mujeres y que todavía no tiene respuesta. Lo mismo va a pasar en breve con la reforma de la malversación, que no solo va a «limpiar» de culpas y condenas a los políticos independentistas catalanes que intentaron un golpe de estado y que malversaron el dinero púbico, sino también a otros corruptos. Y también tendrá graves consecuencias éticas, humanas y sociales la aplicación de la ley trans y la del aborto, que son la punta de lanza de la ingeniería social de este Gobierno para cambiar la sociedad y que no la conozca ni la madre que la parió.

No hay políticas ni alternativas ni soluciones para los jóvenes, ni pacto de rentas, ni ayudas a los pequeños empresarios, ni acuerdos sobre la sanidad, ni atención a los problemas del mundo rural o de los regantes del Levante, a los que se les empuja a una nueva «guerra del agua», ni las mujeres están más protegidas a pesar de los cientos de millones de presupuesto de ese Ministerio de Igualdad, ni la inflación baja, ni la cesta de la compra es más asequible, con un Ministerio de Consumo que solo consume presupuesto. Esto es una fábrica de decepcionados que ignora la política, se despreocupa del interés general, duda que alguien, un día, les diga la verdad —el silencio de las élites y de los intelectuales es abrumador— y, simplemente, busca cómo sobrevivir.

Una fábrica de decepcionados
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