El CGPJ, Dolores y Garzón
Ala manera de cómo se decía en otro tiempo, según fuentes bien informadas, parte de la judicatura esperaba que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, hubiera presentado su dimisión irrevocable el lunes, día de la apertura del año judicial. La larga interinidad está desgastando seriamente a una institución que además tiene las manos atadas para hacer nombramientos de magistrados. Se especulaba con que Lesmes hubiera decidido poner al gobierno y la oposición ante la obligación forzosa de llegar a un acuerdo en la renovación del Consejo y el resto de órganos jurisdiccionales.
Pero después de un duro discurso plagado de lamentos y reproches a la clase política y al presidente del Gobierno, Lesmes no hizo amago de dejar vacío el sillón. Así que el pulso entre Sánchez y Casado va para largo. Se ha convertido en un ‘casus belli’ entre Gobierno y oposición que refleja la polarización y el encono que se vive en la sociedad española desde que el sanchismo rompió la vajilla de los viejos consensos entre socialistas y populares durante décadas, incluyendo a Podemos en la mesa.
La sombra de la sentencia ‘a la carta’ del ‘caso Gürtel’ que sirvió de ariete para la moción de censura contra Rajoy por el magistrado De Prada afín al PSOE va a pesar durante el resto de la legislatura. La duda es si Lesmes aguantará. Siempre queda quien propone resucitar la ‘formula Michavila’ que el exministro de Justicia defendió en otro tiempo y que Zapatero desechó. Estaba basada en que los jueces propondrían una terna para cada puesto y el Congreso elegiría entre ellos. Así, ambas partes, podrían participar en la designación.
Las imágenes del exjuez Garzón de la mano de la fiscal general de Estado, Dolores Delgado, tampoco ayudan mucho a apaciguar el clima en el cuadrilátero judicial. Está pendiente la sentencia del Supremo sobre la legitimidad del nombramiento de la fiscal después de haber sido ministra de Justicia y participado en mítines contra el PP. Si además va de la mano de un exjuez condenado por prevaricación y que tiene abierta una pieza separada en el ‘caso Villarejo’, pues más madera. El pleno de los jueces que debe decidir el futuro de Dolores Delgado está dividido y nadie se atreve a hacer pronósticos.
Lo que parece claro más allá de la pugna Sánchez-Casado es que España tiene que hacer de una vez por todas la transición en el poder judicial que es la tercera pata del Estado. Es decir, liberarse de la tutela del poder político que es la única forma de recuperar su independencia.
Mientras el ascenso en la carrera judicial y su consiguiente valor profesional y económico dependan del alineamiento con uno u otro partido, la politización será inevitable.