Diario de León

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La carrera iniciada hacia la producción de una energía cien por cien limpia es imparable. El proceso de descarbonización iniciado por el Gobierno, con el cierre de todas las minas, y la situación generada por la guerra de Ucrania, ha obligado a apretar el acelerador para impulsar todos aquellos proyectos que nos ayuden a conseguir las metas puestas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que fija como Objetivo 2030 alcanzar los 50.333 megavatios eólicos en esa fecha (ahora mismo hay 29.719 megas eólicos) y establece también como objetivo el tener operativos ese año horizonte hasta 39.181 megavatios fotovoltaicos (ahora mismo hay 19.113 megavatios FV). El camino es largo, y son ya varios los «cadáveres» que están quedando por el camino en la que se puede llamar ya como la carrera de las renovables.

El primero y más grave podría ser el medio rural, y en algunos casos natural, ya que muchos de estos proyectos se están planteando en lugares en los que el rechazo social está poniendo en entredicho su viabilidad, como es el caso de terrenos agrícolas, lugares próximos a zonas urbanas, o parajes con cierto valor ambiental, aunque no siempre tenga la suerte de estar protegidos por alguna figura de protección. Si a esto se le suma la intención del gobierno de simplificar o reducir la tramitación ambiental, para acortar los plazos de ejecución de muchos proyectos, la cosa se pone peligrosa a la hora de buscar las garantías ambientales de todos ellos. Vamos, que va a ser más fácil poner una planta fotovoltaica que un kiosco de pipas.

Otro fenómeno que se está produciendo en este proceso es la especulación de los terrenos, un «cáncer» que el Gobierno ya ha querido parar frenando algunos movimientos especulativos por parte de determinados agentes que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones de parques eólicos y solares «con el fin de bloquear emplazamientos a otros agentes que realmente están interesados en desarrollar proyectos renovables. Vamos, que lo que se está detectando es que antes de presentar ni un solo papel en las administraciones competentes para iniciar los permisos para la construcción de nuevo proyecto ya se están negociando y firmando precontratos con los propietarios, algo cuanto menos sospechoso.

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