El irreparable precio del lobo muerto

Es un no parar. Los varapalos judiciales que recibe la Consejería de Fomento y Medio Ambiente son ya tan incontables, como inaceptables. Tanto que ya es casi una costumbre, una peligrosa y sangrante costumbre, cuyos costes paga el de siempre, el contribuyente, sin que en la Junta nadie se despeine por ello. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha tumbado esta vez tres planes de aprovechamientos comarcales del lobo —desde el año 2016 al 2019— a instancias de Ascel, a los que desde aquí felicito por su lucha incansable en favor del lobo.

Desde el 2010 todos los planes del lobo han sufrido la misma suerte, y nada, erre que erre con el corte y pega, hasta que llega el TSJ y se lo tumba. Erre que erre con la falta de estudios científicos que avalen que la especie soporta la presión de la caza a la que está siendo sometida y, sobre todo, más de lo mismo con la casi enfermiza obsesión de la Junta de Castilla y León de seguir considerando al lobo especie cinegética, en contra de las directrices europeas y españolas que indican lo contrario.

Da igual todos los trasnochados y manidos informes que ha presentado la Junta en todos los planes del lobo que no convencen a nadie, y así se lo recuerda todos los años al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones sus colegas del TSJ. El lobo es una especie emblemática de la península ibérica y es totalmente impensable que se permita ser objetivo del rifle de cualquier cazador. Si que es cierto que la población ya no está en peligro de extinción como nos alertó Félix Rodríguez de la Fuente en los setenta. Afortunadamente la especie está asentada y goza de una buena salud.

También es cierto que lo que tiene de emblemática, lo tiene de conflictiva con la ganadería, con la que mantiene un pulso histórico. Pero no entra en ninguna cabeza que la única solución que la Junta tenga para solucionar esta conflictividad pase por el plomo de los cazadores. Pero esta última sentencia del TSJ pone, por primera vez, precio al incalculable daño que la Junta hace al medio ambiente cada vez que autoriza la muerte de un lobo. Más 9.200 euros por ejemplar, lo que a razón de 151 lobos con sentencia de muerte cada año en Castilla y León, arroja la escalofriante cifra de 1,3 millones de euros, que deberán ser revertidos para divulgar, estudiar y proteger la especie. Bien, pero el lobo abatido, no va a volver.